La actualización 2024 del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) sobre niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal ofrece un panorama detallado del sistema penal juvenil en la Argentina y permite observar fuertes contrastes entre las provincias.
En ese escenario, Tierra del Fuego aparece como una jurisdicción singular: no registra jóvenes alojados en dispositivos de encierro penal juvenil ni cuenta con espacios especializados de privación o restricción de la libertad.
A nivel nacional, al 31 de diciembre de 2024 se contabilizaron 4.119 niñas, niños y adolescentes bajo el ámbito del sistema penal juvenil. De ese total, 865 se encontraban privados o restringidos de su libertad, lo que equivale a una tasa de 1,8 jóvenes alojados cada 100.000 habitantes. Aunque la tendencia general muestra una reducción del 22% desde 2020, el informe advierte un amesetamiento reciente y una leve suba interanual de las medidas de encierro.
La distribución territorial del encierro juvenil es marcadamente desigual. Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentran la mayor parte de los casos, mientras que ocho provincias no registran adolescentes privados de libertad. Entre ellas se encuentra Tierra del Fuego, junto con Catamarca, Chubut, Jujuy, Misiones, Neuquén, San Luis y La Rioja. En contraste, cinco jurisdicciones explican el 95% del total nacional de jóvenes bajo medidas privativas o restrictivas.
El informe también señala que la mayoría de los adolescentes en conflicto con la ley penal cumple medidas en territorio, sin encierro, a través de dispositivos de acompañamiento comunitario. Ocho de cada diez casos se encuadran en esta modalidad, considerada menos gravosa desde la perspectiva de los derechos humanos. En este contexto, la ausencia de encierro juvenil en Tierra del Fuego refuerza su posición relativa como una de las provincias donde el sistema penal juvenil tiene una incidencia mínima.
El debate cobra especial relevancia frente al impulso del gobierno nacional para reducir la edad de imputabilidad. Los datos oficiales muestran que incluso bajo el régimen vigente existen 48 menores de 16 años dentro del sistema penal juvenil, 44 de ellos en encierro, una práctica que el propio CNPT señala como incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño. Tierra del Fuego no integra ese grupo.
Así, mientras se discuten reformas de alcance nacional que apuntan a endurecer las respuestas penales, las cifras del CNPT colocan a Tierra del Fuego en un lugar atípico dentro del mapa argentino: una provincia sin adolescentes privados de libertad en el sistema penal juvenil, en un país donde el encierro sigue siendo la respuesta predominante en varias jurisdicciones.
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