La idea de un eventual juicio político a la máxima magistratura de Tierra del Fuego, un mecanismo constitucional extremo, ha comenzado a ser considerada en círculos especializados de la provincia, en medio de una profunda crisis fiscal y crecientes cuestionamientos públicos.
Aunque no se han presentado proyectos formales, el tema ha pasado de un susurro a un debate tangible tras el análisis de un reconocido abogado.
En declaraciones a la radio FM Artika, el letrado Raúl Aciar planteó que ciertos actos de gobierno, de confirmarse, no pueden quedar al margen de una evaluación institucional exhaustiva.
Durante su intervención, Aciar delineó un contexto marcado por decisiones específicas que hoy son objeto de escrutinio. Entre ellas, destacó la utilización de recursos económicos originados en la operatoria del Puerto de Ushuaia para atender necesidades financieras del Poder Ejecutivo provincial.
Asimismo, se refirió a las contrataciones de servicios jurídicos por montos expresados en moneda extranjera y a la crítica situación del erario público, que recientemente requirió de asistencia externa para garantizar el pago de salarios estatales.
El jurista explicó que un juicio político es un recurso excepcional que demanda fundamentos sólidos, pero advirtió que estos elementos, en conjunto, configuran un escenario que justifica su discusión.
Más allá de los aspectos técnicos, Aciar describió un panorama económico provincial complejo, donde la falta de previsibilidad estatal comienza a afectar a la actividad privada y a sectores clave como el turismo.
También se refirió a los compromisos institucionales asumidos durante la transferencia del puerto y a la diferencia entre los tiempos lentos de la Justicia y la urgencia que imponen las decisiones de gobierno sobre la vida cotidiana.
Su análisis, sin formular acusaciones directas, posiciona una posibilidad jurídica que ahora flota en el ambiente político de la provincia austral.
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