El Gobierno nacional avanza en la definición de una estrategia política y legislativa para impulsar un proyecto de Ley Penal Juvenil, con la intención de debatirlo junto a sectores de la oposición y reunir los apoyos necesarios para su aprobación en el Congreso.
En ese marco, en la Casa Rosada analizan la posibilidad de unificar las distintas iniciativas existentes sobre la materia, con el objetivo de construir un texto común que permita avanzar en la reducción de la edad de imputabilidad. Aunque la postura inicial del presidente Javier Milei apunta a fijarla en los 13 años, dentro del oficialismo reconocen que el mayor nivel de acuerdo entre los distintos bloques se concentra en los 14.
Desde el entorno gubernamental admiten que se trata de una discusión sensible, que requiere acuerdos amplios y negociaciones cuidadosas. En ese sentido, señalan que el desafío central es definir un punto de partida que permita generar consensos transversales en el ámbito parlamentario.
No se trata del primer intento del oficialismo por instalar el debate. En agosto de 2024, la Cámara de Diputados ya había habilitado una instancia de discusión con la oposición, que meses más tarde derivó en la obtención de un dictamen favorable en comisión.
Si bien el Ejecutivo aspira a lograr la sanción de la Ley Penal Juvenil durante el mes de febrero, fuentes legislativas reconocen que el calendario parlamentario es ajustado y podría complicar el tratamiento. Por ese motivo, no se descarta que el debate se extienda al período ordinario de sesiones, que comenzará el 1° de marzo.
Algunos sectores del oficialismo consideran, no obstante, que existe una ventana de oportunidad durante la prórroga de sesiones de verano, aunque admiten que las posibilidades son limitadas por la escasez de reuniones previstas en ambas cámaras.
En paralelo, desde el Gobierno valoran que el tema haya ganado centralidad en la agenda pública tras el asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años ocurrido en Santa Fe, un caso que reactivó el debate sobre el régimen penal juvenil. En ese contexto, la ministra de Seguridad y jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se posicionó como una de las principales impulsoras del proyecto.
Bullrich trabaja en coordinación con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en una agenda legislativa que incluye, además, el tratamiento de la reforma laboral y el debate sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, ambos previstos para febrero.
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