Un informe oficial enviado a la Legislatura provincial expuso el estado crítico del sistema de emergencias 911 y 107, que funciona con líneas saturadas, escaso personal y una infraestructura obsoleta, lo que afecta la capacidad de respuesta ante situaciones urgentes en Ushuaia y Río Grande.
La respuesta del Ejecutivo llegó recién el 27 de noviembre, ocho meses después de que el Parlamento aprobara pedidos de informes para conocer el funcionamiento real de ambos números de emergencia. El objetivo era determinar si el 911 estaba limitado en Ushuaia, si el 107 funcionaba correctamente en ambas ciudades y si existía algún plan de reorganización del servicio.
El documento, firmado por el responsable de Protección Civil, Pedro Franco, reconoce que el sistema tiene “limitaciones permanentes” en su capacidad de atención. Ante cortes, fallas técnicas o saturación de llamadas, se activa un plan de contingencia que deriva las comunicaciones a números alternativos municipales o institucionales, una medida que busca sostener el servicio de manera provisoria.
Si bien se afirma que la línea 107 se encuentra operativa tanto en Ushuaia como en Río Grande, el propio informe admite que, cuando se producen interrupciones o inconvenientes, las llamadas deben redireccionarse a otros números, lo que evidencia dificultades estructurales para garantizar una atención continua y directa.
El relevamiento también deja en claro que no existe actualmente ningún proceso de reestructuración del sistema 911, pese a las falencias detectadas. A esto se suma el reconocimiento de que la infraestructura es antigua y requiere una renovación integral, que incluya salas operativas, equipamiento tecnológico, cableado y mejoras edilicias.
En materia de recursos humanos, el diagnóstico es igualmente preocupante. Ushuaia cuenta con apenas ocho operadores y tres agentes jerárquicos, mientras que Río Grande dispone de nueve operadores y dos jerárquicos. La falta de personal obliga a que supervisores cubran turnos operativos, y se anticipa una reducción adicional por licencias y conflictos laborales en curso.
El informe también advierte que la organización de turnos y la situación salarial resultan insuficientes, lo que repercute directamente en la calidad del servicio y en los tiempos de respuesta. Además, los agentes no cuentan con asistencia psicológica profesional, a pesar del alto impacto emocional que implica la atención de emergencias.
La demanda, lejos de disminuir, continúa en aumento. En los últimos tres meses se registraron más de 1.300 llamadas al 107 en Río Grande, mientras que en Ushuaia la central recibió más de 8.500 llamados entre septiembre y noviembre. Desde el área se aclara que la capacidad de atención depende exclusivamente del número de operadores disponibles por turno.
El estado general del sistema de emergencias, según el propio informe oficial, evidencia falta de inversión sostenida y actualización tecnológica. Aun así, el servicio continúa funcionando gracias al esfuerzo del personal y al uso de recursos mínimos, en un contexto que expone la fragilidad de una herramienta clave para la seguridad y la salud de la población.
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