El abogado penalista Daniel Cesari Hernández confirmó que el proceso judicial por legítima defensa contra el ex sargento de la Policía Federal Leonardo Montenegro estaría culminando. «Hoy estaría quedando definitivamente firme, prácticamente no tenemos novedad de la causa», explicó en ((La 97)) Radio Fueguina el letrado, quien lleva adelante la defensa.
El hecho ocurrió el 4 de noviembre de 2025, cuando Montenegro, trabajando como custodio privado, fue interceptado por motochorros en el barrio de Núñez. «Montenegro alega que vio un arma por parte de una segunda persona… extrae el arma que tenía en la cintura y efectúa únicamente dos disparos», relató Hernández. Uno de ellos impactó fatalmente en un atacante.
Tras ser excarcelado, el ex policía fue sobreseído. «La fiscalía estuvo de acuerdo con el sobreseimiento que pedí yo», detalló el abogado, señalando que la apelación de la querella fue rechazada por un error de procedimiento.
Hernández contextualizó el caso dentro de la precaria situación económica que, a su juicio, afecta a las fuerzas de seguridad. «Se trata de uno de los tantos hechos de inseguridad. La realidad es que ningún personal policial de la República Argentina puede considerarse una persona con un pasar económico suelto, amplio», afirmó.
Destacó la peligrosidad de la profesión: «El policía que sale a la calle, no sabe si vuelve».
En tal sentido, abordó las posibles reformas al Código Penal, sobre lo cual el penalista expresó su adhesión: «Bienvenida sea la reforma». Criticó el desorden normativo actual, comparándolo con «un picadito del fin de semana donde todos se juntan y no está organizado».
Entre los cambios proyectados, Hernández enumeró varios puntos clave. «Bajaría la edad de imputabilidad a los 14 años», indicó, en tanto a la actual inimputabilidad de los menores es de 16.
Asimismo, se refirió a una modificación crucial en materia de legítima defensa para agentes. «Se estaría proponiendo cambiar los requisitos, que cuando un policía se defienda se presuma que lo hizo en el marco de la ley y no que tenga él que demostrarlo», explicó.
Este cambio extendería un privilegio que hoy solo rige en casos muy específicos, como una intrusión domiciliaria. «Lo que se está buscando es que este privilegio se extienda a todo tipo de legítima defensa y con particular foco en los policías», amplió.
Otras innovaciones incluirían penas más severas para delitos graves y el fortalecimiento de herramientas contra el crimen organizado y las usurpaciones de propiedades.
Comentarios