Desde la Justicia destacaron que el plan, que asciende a $122.283 millones, y se centra en obras, equipamiento, y un acceso a la justicia «más ágil, cercano y efectivo». «La estrategia prioriza la construcción y refacción de edificios, la incorporación de tecnología y el fortalecimiento de los equipos de trabajo, especialmente en áreas sensibles como la violencia de género y la atención de personas en situación de vulnerabilidad», expresron en una gacetilla de prensa.
Entre las principales iniciativas se enumeraron la ampliación y refacción del Centro de Mediación en Ushuaia, la centralización de la Dirección Pericial en un inmueble propio con consultorios y laboratorios adecuados, la construcción de la Unidad Tanatológica en Ushuaia y obras en los dos distritos judiciales para mejorar la accesibilidad y la seguridad de los edificios. «Estas medidas buscan que cada usuario encuentre ámbitos seguros, adecuados y especializados para resolver sus conflictos», se remarcó.
El presupuesto también prevé la consolidación de las fiscalías especializadas en violencia de género e intrafamiliar, el refuerzo de los ministerios públicos y juzgados de familia y minoridad, así como la puesta en funcionamiento de los juzgados Civil y Comercial Nº 3 y de Familia y Minoridad Nº 3, ambos de la ciudad de Río Grande. «Todo ello con el propósito de dar respuestas rápidas y de calidad a las demandas sociales más urgentes».
Además, el Superior Tribunal destaca que el proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en particular con el ODS 16, que promueve sociedades pacíficas, inclusivas y con instituciones eficaces.
En esa línea, el Poder Judicial fueguino sostiene que desde 2008 se aplica una política pública centrada en garantizar el acceso a justicia como un derecho básico, reconocido en ámbitos nacionales e internacionales.
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