La condición de Río Grande como municipio ribereño, la necesidad de actuar preventivamente ante un eventual daño ambiental y la ausencia de autorizaciones de organismos argentinos constituyen los principales argumentos con los que la Municipalidad fundamentó su incorporación a la causa contra las petroleras Navitas y Rockhopper.
El asesor Legal municipal, Sebastián Tessei, explicó en ((La 97)) Radio Fueguina que el proceso impulsado por el CECIM La Plata y la Asociación de Abogados Ambientalistas busca impedir actividades vinculadas con la futura explotación petrolera al norte de las Islas Malvinas. Se trata, precisó, de “una acción preventiva de daño colectivo”, mediante la cual se solicita a la jueza federal de Río Grande que ordene el cese de los trabajos.
La argumentación municipal se apoya especialmente en las consecuencias potenciales de esas actividades y en la jurisdicción argentina reclamada sobre el área. Tessei sostuvo que la medida fue promovida “básicamente porque se están realizando en territorio nacional y no cuentan con ningún tipo de autorización administrativa por parte de los órganos que intervienen en estas cuestiones, en estas actividades”.
Desde esa perspectiva, explicó el abogado, Río Grande considera que tiene razones propias para intervenir y no limitarse a acompañar externamente el planteo. “Como hay una cuestión vinculada a un posible daño ambiental, el municipio, en su carácter de municipio ribereño, hace una presentación en el Juzgado Federal solicitando la intervención como parte interesada”, señaló. La Justicia Federal aceptó esa participación procesal.
El Municipio, además, adhirió tanto al contenido de la demanda como a la cautelar solicitada originalmente. Según Tessei, la finalidad concreta es que “el municipio se presenta con fines preventivos en resguardo del medio ambiente en la ciudad de Río Grande”.
Ese fundamento ambiental aparece, a su vez, ligado a la cuestión soberana. Para el asesor Legal, cualquier intervención de los distintos niveles del Estado resulta favorable cuando procura detener actividades que Argentina considera realizadas sin autorización: “Todo lo que se puede hacer en el ámbito municipal, provincial o nacional es positivo, siempre y cuando tienda a resguardar los derechos soberanos que nos corresponden a nosotros sobre las islas”.
Tessei completó el argumento al remarcar que la explotación también debe quedar sometida a fiscalización argentina, al considerar necesario que todo lo concerniente en materia ambiental “tenga controles y sobre todo que los controles sean por parte de autoridades argentinas”.
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