El proyecto de presupuesto provincial para 2027 comenzó a ser analizado en la Legislatura con cuestionamientos sobre la estrategia planteada por el Ejecutivo para afrontar el déficit.
Matías Lapadula, legislador de Provincia Grande, puso el foco en la intención de incrementar impuestos y consideró que el Gobierno recurre a esa alternativa sin avanzar sobre las causas estructurales del desequilibrio fiscal.
En ((La 97)) Radio Fueguina, Lapadula reconoció un escenario condicionado por menores ingresos y por decisiones nacionales que afectaron a las provincias. Sin embargo, diferenció esas circunstancias del problema acumulado en Tierra del Fuego: “Acá hay un problema que viene de arrastre y que hay que corregirlo”, para advertir luego que “el único planteo prácticamente que hace el Poder Ejecutivo es a través de modificar la tarifaria, lo que es el aumento de impuestos, que me parece que es algo que hay que analizar bien porque no creo que estén dadas las condiciones para ir por ese camino”.
La principal objeción apunta al contexto en que se pretende aplicar la suba tributaria. El legislador aseguró haber recibido “numerosos llamados de comerciantes, de gente de las cámaras de comercio muy preocupadas”, porque “hoy tenemos una economía en general en el país que no se recupera, todo lo contrario, sigue en caída, el consumo sigue en caída y en la provincia está más agravado esto y sobre todo en la ciudad de Río Grande”.
Ese escenario, sostuvo, ya repercute directamente sobre la actividad privada. Lapadula describió que la situación del empleo industrial y de otros sectores “está haciendo colapsar las cadenas de pago, está haciendo que los comercios empiecen a cerrar puertas”, una realidad que, según planteó, puede observarse en “la cantidad de locales vacíos”.
Frente a esas condiciones, rechazó que el déficit sea enfrentado mediante mayor presión fiscal: “Hoy plantear el aumento de impuestos que no sólo castiga al comerciante, porque en definitiva también se traslada al bolsillo de cada uno de los vecinos, me parece que no es el momento ni la oportunidad”.
Para Lapadula, además, la explicación del desequilibrio excede la disminución de ingresos y alcanza directamente a la administración provincial, al señalar que “el gran problema y el gran desequilibrio que tenemos en las cuentas públicas no está relacionado únicamente con la caída de los recursos, sino con el desmanejo y el despilfarro que han hecho desde hace ya siete años en el manejo del dinero público”.
Como contrapartida, reclamó que el debate presupuestario incorpore “una política de austeridad y de reducción del gasto público, en donde se tiene que hacer”, aunque aclaró que esa revisión no debería afectar las obligaciones esenciales del Estado: “el Estado sí o sí se tiene que hacer cargo de sus responsabilidades, que hoy las hace de manera muy deficiente, hablamos de educación, hablamos de salud”.
La discusión sobre los recursos destinados a educación fue utilizada por Lapadula para reforzar su cuestionamiento a la administración del gasto. Según afirmó, Tierra del Fuego destina “12 millones de pesos por año por alumno”, frente a un promedio de cuatro millones en las demás jurisdicciones: “Entonces no es un problema de recursos, hay una asignación presupuestaria enorme y es la más grande del país en términos de cantidad de alumnos”.
Para el legislador, la discusión del presupuesto 2027 deberá avanzar precisamente sobre esa relación entre recursos y resultados.
Al referirse nuevamente al sistema educativo, sintetizó su posición: “Hay un desequilibrio entre la cantidad de recursos que el Estado de Tierra del Fuego asigna a educación con los resultados que tenemos, evidentemente hay algo que pasa en el medio”. Y concluyó que, sin corregir esas distorsiones, “no hay presupuesto que sea viable. No importa cuánto pongamos, se van a seguir dilapidando recursos”.
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