El Directorio de la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario presentó ante la Legislatura un proyecto de ley para declarar la emergencia económica y financiera del organismo por dos años, con posibilidad de prorrogarla por igual período. La iniciativa busca ordenar las cuentas de la Caja, regularizar las obligaciones pendientes y garantizar la continuidad de las prestaciones.
En ((La 97)) Radio Fueguina, una de las esposas de los policías territoriales, María Pérez, cuestionó la iniciativa y consideró que «no nos da garantía del pago». En este sentido, evaluó que «el proyecto no nos favorece en nada, porque buscan acomodar lo que a ellos les conviene».
Asimismo, sostuvo que «culpan a los territoriales de todos los problemas que está pasando la Caja, cuando los culpables son los directivos» del organismo.
En esta misma línea, María Pérez planteó que «lo más lógico que podrían hacer es un proyecto de emergencia donde se busque la solución de los 540 territoriales, para que empiecen a cobrar lo antes posible, y ver cómo se soluciona la deuda que tienen».
Asimismo, advirtió que «el proyecto de la Caja no asegura que van a pagar la deuda de los territoriales». Además, cuestionó el mecanismo previsto para acceder al pago de las obligaciones pendientes y sostuvo que desde la Caja «chantajean» a los policías territoriales.
Según explicó, «la única forma en que podrían pagar es si renuncian a todas las acciones legales que realizaron. Si desestiman, podrían pagar lo que les adeudan».
Qué propone el proyecto de la Caja
La iniciativa establece un régimen transitorio y extraordinario para afrontar la situación económica y financiera del organismo. Entre sus principales medidas, propone modificar el cálculo del beneficio compensatorio del personal policial de origen territorial, que durante la emergencia se determinaría exclusivamente sobre el 100% del Suplemento Zona Desfavorable.
También plantea la creación de un Fondo de Emergencia Previsional Policial, Penitenciaria y Territorial, destinado a financiar las prestaciones y atender las obligaciones acumuladas. Parte de los recursos del Fondo provendría de la recaudación de Ingresos Brutos vinculada al servicio de transporte por gasoductos.
El proyecto contempla, además, la elaboración de un plan de regularización de las deudas pendientes, con un plazo de hasta 36 meses. La propuesta establece que la adhesión al plan implicaría la renuncia a iniciar nuevos reclamos judiciales vinculados con las obligaciones incluidas y, en caso de existir causas en trámite, el desistimiento de esas acciones.
Entre las medidas de sostenimiento, se incluye un aporte extraordinario del 3% para los beneficiarios y un diferimiento de dos meses en la aplicación de los aumentos por movilidad respecto de la fecha en que sean otorgados al personal en actividad.
Finalmente, el proyecto propone conformar un Comité Técnico Interdisciplinario que tendrá diez meses para elaborar una reforma integral del sistema previsional policial y penitenciario, junto con un informe actuarial sobre el déficit, una auditoría de los pasivos judiciales y una proyección financiera a diez años.
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