El Concejo Deliberante de Río Grande avanza en el tratamiento de diferentes proyectos vinculados con la seguridad vial, la circulación vehicular y las necesidades de infraestructura planteadas en distintos barrios. Las iniciativas incluyen modificaciones en calles, instalación de semáforos y reductores de velocidad, mejoras en espacios públicos y pedidos de intervención sobre puntos conflictivos.
El concejal Federico Runin (Forja) explicó en ((La 97)) Radio Fueguina que las propuestas surgen principalmente de las demandas recibidas por su bloque. Según detalló, fueron presentados proyectos relacionados con los barrios Mirador, 22 de Julio y AGP, además de sectores de Chacra II y Chacra IV.
Sobre el origen de esas iniciativas, resumió: “En definitiva todas demandas vecinales, vigentes y que se traducen en pedidos, necesidades puntuales que nosotros en el Concejo le damos la forma de herramienta legislativa para poder satisfacer esa necesidad”.
La participación de los residentes en las reuniones de comisión constituye, de acuerdo con Runin, una instancia central para respaldar los proyectos y precisar sus alcances. “El proceso de escucha atenta con el vecino es fundamental”, sostuvo, y remarcó que “es clave la voz del vecino en las comisiones”, porque la intervención directa permite incorporar al debate problemas concretos que requieren respuestas municipales.
Entre los reclamos más frecuentes aparecen la colocación de semáforos y reductores de velocidad, junto con la necesidad de establecer sentidos únicos de circulación en determinadas calles. A ellos se suman el mejoramiento de las plazas de los barrios Mirador y 22 de Julio, la reparación de la calle Los Sauces y la pavimentación de 28 de Mayo. También se solicitaron nuevas garitas para el transporte público y medidas de protección peatonal en los alrededores del colegio Antártida Argentina.

El análisis legislativo comprende además el nudo vial formado en la intersección de San Martín, Liniers y Cortez, utilizado por buena parte de quienes se dirigen hacia San Martín Norte. El Concejo aprobó un pedido de informes sobre ese sector, aunque Runin indicó que todavía no fue recibida la respuesta correspondiente.
La magnitud del problema vial también quedó reflejada en las estadísticas oficiales evaluadas por la comisión. El edil señaló que “Río Grande sigue estando lamentablemente como la ciudad con mayor cantidad de accidentes de tránsito en la provincia”, con un registro cercano al 30% por encima de Ushuaia. Al comparar la evolución reciente, agregó que “Río Grande viene en aumento los últimos dos años” y que el primer semestre de 2026 ya presenta una cantidad significativa de siniestros.
Frente a ese escenario, consideró insuficientes las medidas aplicadas hasta el momento y planteó un abordaje combinado: “Hay que trabajarlo desde el punto de vista de la infraestructura, pero también de la concientización, de la prevención, de la educación”. En esa línea ubicó la creación de la Escuela Municipal de Educación Vial, impulsada con participación de estudiantes secundarios y orientada a fortalecer la formación de quienes tramitan su primera licencia de conducir.
La próxima presentación del presupuesto municipal será, a su vez, una oportunidad para determinar cuáles de las obras solicitadas podrán incorporarse durante el siguiente ejercicio. Runin anticipó que el bloque aguardará el ingreso formal del proyecto, pero adelantó la intención de volver a discutir el presupuesto participativo, suspendido durante los últimos dos años.
Para el concejal, esa herramienta permitiría que cada zona intervenga en la definición de las inversiones y evitaría que algunos sectores permanezcan postergados. “La ventaja es que ningún barrio queda afuera”, afirmó, al mencionar especialmente a San Martín Norte, donde, según expresó, “esta gestión municipal lleva casi siete años y no hay una sola cuadra de pavimento”.
Aunque el análisis detallado comenzará cuando el Ejecutivo remita el proyecto, Federico Runin sostuvo que las cuentas locales deberán contemplar infraestructura, programas municipales y asistencia social ante la situación económica y laboral. En su definición, “el presupuesto más que una planilla de cálculo tiene que ser un mapa de prioridades de los vecinos”, con partidas orientadas a atender los reclamos relevados en las comisiones y mejorar la seguridad vial.
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