La Agencia Territorial Tierra del Fuego de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social desplegó durante el último paro docente nacional un operativo de fiscalización en establecimientos educativos de la provincia, con el objetivo de constatar que se garantizara un 75% de clases. La tarea demandó una organización previa y la posterior remisión de los relevamientos al Ministerio de Capital Humano.
Gastón Porfirio, jefe del organismo nacional en la provincia, explicó en ((La 97)) Radio Fueguina que el trabajo comenzó un día antes de la medida de fuerza: “Fue bastante intenso desde el día anterior, el domingo hubo una reunión del Consejo Federal de Educación donde participan todos los ministros de Educación de todas las provincias del país más el Ministerio de Capital Humano”. Allí, precisó, “se llevó adelante un protocolo de trabajo para ver cómo controlar esto que es una ley vigente, 27802, que está a partir de febrero donde se votó, se sancionó y se promulgó”.
El procedimiento estableció la intervención de fiscalizadores laborales en las escuelas asignadas. Porfirio aclaró que el objetivo no consistía en identificar a quienes adherían al paro: “No era ir a controlar qué docente faltaba, nosotros no estamos en contra del derecho de huelga, lo que estábamos controlando era si había o no clases”. La mirada, agregó, estaba puesta en “las clases para los chicos”.
Los inspectores debían solicitar información sobre la estructura de cada establecimiento y verificar cuántos cursos tenían actividad. “Se solicitaba la estructura del establecimiento y se veía los cursos en los cuales debe haber clases, si menos del 75% no tienen clases, ahí se informaba solamente eso”, detalló. El relevamiento comprendió los turnos mañana y tarde, incluyó actas y registros fotográficos y, posteriormente, fue enviado a Nación.
La tarea encontró una particularidad: ningún establecimiento proporcionó la información solicitada. Según Porfirio, “era algo que le habían instruido desde el Ministerio de Educación de la provincia”. Frente a esa situación, los fiscalizadores no avanzaron sobre los directivos: “Respetamos la posición de ellos, lo dejamos asentado y se elevó eso al Ministerio de Capital Humano”. Aun así, destacó que “no tuvimos inconvenientes con los docentes, es más tuvimos muy buena aceptación de ellos”
Funciones de la Delegación
Porfirio sostuvo que la relación institucional con provincia y municipios continúa en otros ámbitos. “Nuestro trabajo es bastante vinculante con ellos”, señaló, y definió a la Agencia como “una herramienta más, un eslabón dentro de toda esta cadena gubernamental, municipios y provincias”.
Entre sus funciones habituales aparece la fiscalización del empleo privado. El organismo controla que los trabajadores se encuentren registrados y con cobertura, además de intervenir mediante inspecciones cuando detecta incumplimientos. “Para nosotros es súper importante eso, es un programa a nivel nacional para la regulación del trabajo, que los trabajadores estén todos registrados”, afirmó.
La Agencia también desarrolla programas de inserción, entrenamiento y capacitación laboral, además de intervenir en cuestiones sindicales. En conflictos como el que actualmente involucra a Mirgor y la UOM, explicó que la primera actuación corresponde a la órbita provincial y eventualmente puede pasar a Nación: “Si después sobrepasa esa situación pasa a Nación, pero sí estamos en comunicación y en contacto con ellos”.
Sobre el mercado laboral fueguino, Gastón Porfirio indicó finalmente que la provincia presenta “más de un 80% de trabajo registrado”, aunque reconoció cambios en la demanda de empleo y una retracción comercial. Frente a ese escenario, remarcó que los programas nacionales procuran adaptarse a cada ciudad: “Cada territorio tiene que desarrollar y exponer sus necesidades” concluyó.
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