La Comisión Nº 1 de la Legislatura analizará este miércoles el asunto 056/2026, presentado por Jorge Lechman, que busca establecer condiciones para quienes sean designados para representar a Tierra del Fuego ante organismos nacionales o desempeñar funciones provinciales en otras jurisdicciones.
La iniciativa fija requisitos de edad, ciudadanía, residencia y pertenencia electoral. También dispone que los nombramientos realizados por el Poder Ejecutivo deberán ser enviados a la Legislatura y obtener acuerdo parlamentario antes de quedar formalizados.
Lechman puso el foco en los denominados “011”, una expresión utilizada para referirse a personas que viven en Buenos Aires y son designadas para gestionar, intervenir o hablar en nombre de Tierra del Fuego sin conocer de manera directa la realidad provincial.
El término hace referencia al código telefónico de Buenos Aires. En la política fueguina se utiliza para identificar a funcionarios que no residen en la provincia ni mantienen un vínculo concreto con su comunidad, pero ocupan cargos desde los cuales deben defender sus intereses.
“No cualquiera puede representar a los fueguinos, y mucho menos alguien que no vive en Tierra del Fuego ni conoce nuestra idiosincrasia. Es una falta de respeto”, sostuvo Lechman.
El proyecto no cuestiona el lugar de nacimiento de los postulantes. Una persona nacida en otra jurisdicción podrá acceder al cargo si acredita residencia y pertenencia a Tierra del Fuego.
La propuesta establece que los candidatos deberán tener al menos 25 años, ser argentinos nativos, por opción o naturalizados con diez años de ciudadanía, acreditar cinco años continuos de residencia inmediata en la provincia y estar inscriptos como electores fueguinos.
El objetivo es evitar que el Ejecutivo designe, por cercanía o conveniencia política, a personas que nunca formaron parte de la vida cotidiana de Tierra del Fuego y que luego intervienen en decisiones que afectan a sus habitantes.
Antes de concretar cada nombramiento, el Gobierno deberá remitir a la Legislatura los antecedentes del candidato y obtener el acuerdo correspondiente. De aprobarse la propuesta, esas designaciones dejarán de depender exclusivamente de una decisión del Poder Ejecutivo.
La regulación también alcanzará a quienes ya se encuentren desempeñando esas funciones. Tendrán un plazo de 30 días para presentar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos.
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