La investigación por presuntas irregularidades en prestaciones médicas de PAMI en Río Grande sumó un nuevo capítulo con una presentación ante la Justicia Federal. La denuncia reúne documentación sobre prácticas que, según los elementos aportados, habrían sido facturadas al organismo sin haberse realizado, mientras se prepara una nueva serie de pedidos de auditoría sobre distintas especialidades y centros médicos de la ciudad.
El gastroenterólogo y prestador de PAMI Carlos Mariño Camacho confirmó que la presentación judicial fue realizada el jueves en Río Grande y señaló que se incorporaron las pruebas reunidas durante las actuaciones previas. “La denuncia se presentó con lo que habíamos hablado, con todas las pruebas de los hechos y se amplió un poco. Igualmente, en el transcurso de la semana estamos pidiendo nuevas actuaciones para el PAMI”, afirmó.
Entre los casos que se encuentran bajo análisis aparece el servicio de neumología. Según explicó el profesional, se habrían detectado situaciones en las que a determinados pacientes se les generaban órdenes electrónicas de manera reiterada, aunque solamente una parte de las prestaciones habría sido efectivamente concretada.
“El resto se facturaba sin realizar los estudios”, señaló Mariño Camacho, quien estimó que los montos involucrados en algunos de estos casos podrían alcanzar entre $800.000 y $850.000 por paciente.
Los cuestionamientos no se limitarían a esa especialidad. La documentación que se encuentra siendo recopilada también contempla procedimientos urológicos que habrían sido incorporados a la facturación pese a que no se habrían realizado. Asimismo, se analizan intervenciones quirúrgicas en las que se habrían sumado módulos adicionales que, de acuerdo con los primeros elementos relevados, no se corresponderían con las prácticas efectuadas.
Frente a este escenario, el médico anticipó que buscarán ampliar los controles a otras prestaciones y establecimientos. Entre los próximos pedidos figuran auditorías sobre neumología, urología y traumatología, con el propósito de determinar si las órdenes, los servicios registrados y las prestaciones efectivamente realizadas coinciden.
Mariño Camacho remarcó que esta instancia debe servir para verificar la documentación antes de atribuir responsabilidades. En ese sentido, diferenció los pedidos de auditoría de una acusación directa contra profesionales o instituciones. “Estamos pidiendo auditoría, no estamos haciendo manipulación”, aclaró.
La investigación también está atravesada por cuestionamientos vinculados con la respuesta institucional a los reclamos realizados anteriormente. El profesional aseguró que se enviaron correos y solicitudes para que se intervenga sobre las situaciones detectadas, pero sostuvo que no habría recibido respuestas suficientes para avanzar. “Estamos encontrando trabas. No estamos encontrando apertura de puertas para seguir con la investigación”, expresó.
Otro de los puntos que pretende incorporar a la revisión está relacionado con el equipamiento utilizado en determinadas prestaciones. Mariño Camacho cuestionó una supuesta homologación entre equipos y planteó que debería establecerse, tanto técnica como legalmente, si un dispositivo puede ser considerado equivalente a otro para realizar una práctica específica.
A la vez, reclamó que se revisen contrataciones vinculadas con prótesis odontológicas y otras prestaciones, además de los mecanismos administrativos y de facturación utilizados. Según indicó, algunas de las situaciones denunciadas llevan aproximadamente un año y medio y, pese a las presentaciones realizadas, los prestadores involucrados continuarían trabajando mientras se aguarda por controles y respuestas.
La nueva etapa de la investigación contempla la recopilación de más documentación y la presentación de solicitudes de auditoría durante las próximas semanas. El objetivo será determinar el alcance de las situaciones planteadas y establecer si se trató de casos puntuales o si existen otras prestaciones que deberían ser revisadas.
El profesional sostuvo que los controles podrían revelar nuevas situaciones y expresó su expectativa respecto de una revisión integral: “Se van a encontrar con muchas sorpresas cuando salga una auditoría eficaz”.
Por ahora, las situaciones denunciadas deberán ser verificadas mediante las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes. Serán esas investigaciones las que determinen si existieron prestaciones facturadas que no fueron realizadas y, eventualmente, las responsabilidades que pudieran corresponder.
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