Lo que tendría que ser una noticia recibida con alegría, terminó siendo un trago amargo para las trabajadoras de casas particulares, debido a que el aumento salarial previsto para los próximo meses se encuentra lejos de compensar la pérdida del poder adquisitivo, según indicó su referente en Tierra del Fuego.
La referente provincial de la Unión de Empleadas Domésticas, Dora Sánchez indicó que en la última paritaria sectorial se establecieron aumentos escalonados del 1,9% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y otro 1,6% en diciembre. A estos porcentajes se suman sumas no remunerativas diferenciadas de acuerdo con la cantidad de horas trabajadas.
En este sentido, explicó que durante agosto el adicional será de $20.000 para quienes trabajan más de 16 horas semanales, de $11.500 para quienes cumplen entre 12 y 16 horas y de $8.000 para las jornadas inferiores a las 12 horas.
Sin embargo, la referente del sector cuestionó el alcance de la recomposición y consideró que los valores establecidos no permiten cubrir las necesidades básicas. Con ironía, resumió el resultado de la negociación al señalar que están «planeando a qué crucero nos vamos porque no alcanza ni para un kilo de papas».
Frente a este escenario, Sánchez destacó la posibilidad de que las trabajadoras puedan negociar un salario superior al mínimo establecido en la escala oficial. Al respecto, recordó que continúa vigente la cláusula de sueldo dinámico acordada en la paritaria anterior y sostuvo que «tenemos la cláusula de sueldo que se puede modificar, acordar con los empleadores».
Según explicó, esta herramienta permite discutir directamente con cada empleador una mejora en el valor de la hora trabajada, teniendo en cuenta las distintas modalidades de contratación. En este mismo sentido, señaló que «no es lo mismo las que trabajan 16 horas semanales a las que van por ratos», ya que las trabajadoras con menor carga horaria pueden contar con un mayor margen para acordar un valor superior.
Asimismo, Sánchez puso el foco en los valores actuales de la hora de trabajo y advirtió sobre la dificultad que representa sostener los gastos cotidianos con esos ingresos. Indicó que la hora para tareas generales ronda los $5.000, mientras que para el cuidado de niños se ubica en torno a los $5.300.
Por otra parte, la referente aclaró que los porcentajes finalmente establecidos no fueron los que pretendían alcanzar las organizaciones sindicales, sino que surgieron de la resolución adoptada por el Ministerio de Capital Humano. Según explicó, ante la falta de acuerdo en la negociación, la alternativa era aceptar la pauta oficial o quedarse sin una actualización salarial.
En este marco, también cuestionó la actitud de algunos empleadores frente a los pedidos de recomposición por encima de los mínimos establecidos. Sánchez consideró que existe una falta de empatía por parte de quienes tienen posibilidades económicas de mejorar los ingresos de las trabajadoras, pero se limitan a cumplir con el mínimo legal.
En otro orden, al referirse a declaraciones realizadas públicamente por la periodista Mercedes Ninci, la dirigente sostuvo que se trata de un ejemplo de esa situación. «Está diciendo que no alcanza, pero ella le paga lo mínimo», afirmó, y remarcó que si bien pagar la escala oficial no constituye una irregularidad, el contexto económico debería llevar a los empleadores a considerar mejoras.
Asimismo, hizo un llamado a las familias que contratan personal doméstico y pidió que tengan en cuenta la realidad económica de las trabajadoras. «Hay que tener un poquito la empatía de ver que este aumento no alcanza para un kilo de papas», sostuvo.
La dirigente también cuestionó las situaciones de precarización que, según afirmó, se profundizan como consecuencia de la falta de empleo. Advirtió que muchas trabajadoras terminan aceptando valores inferiores a los establecidos legalmente debido a la necesidad de contar con un ingreso.
En relación con las jornadas laborales completas, Sánchez fue contundente al cuestionar los salarios que reciben algunas trabajadoras y sostuvo que «no puede una compañera estar trabajando ocho horas de lunes a viernes, 48 horas semanales, por $600.000». En este sentido, consideró que se trata de una situación que representa una forma de violencia económica.
Asimismo, reclamó mayor responsabilidad a los profesionales que intervienen en la liquidación de haberes y pidió que los contadores públicos se capaciten para evitar errores que terminen perjudicando a las trabajadoras. Según planteó, las dificultades en las liquidaciones pueden derivar en situaciones de discriminación o incumplimientos.
Finalmente, Sánchez se refirió al argumento de algunos empleadores que sostienen que sus propios ingresos tampoco alcanzan para afrontar un aumento. Frente a esto, consideró que quienes no cuentan con la capacidad económica para pagar correctamente el servicio deberían evaluar si pueden contratarlo.
La referente provincial advirtió que el contexto actual termina profundizando la desigualdad entre trabajadoras y empleadores y señaló que algunas mujeres, ante la falta de alternativas laborales, aceptan valores de alrededor de $4.000 por hora o incluso menos. Es por ello que reclamó la necesidad de conseguir un ingreso no se convierta en una herramienta para profundizar la precarización del sector.
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