En el marco de la quinta sesión del Concejo Deliberante de Rio Grande, a realizarse el jueves 2 de julio, el concejal Maxi Ybars (UCR) anunció que buscará consolidar un consenso mayoritario para avanzar en una reforma profunda del sistema de estacionamiento medido en la ciudad.
El objetivo central es eliminar el sistema de multas actual, que el edil calificó como un esquema que «rompe el bolsillo al vecino» sin resolver el problema de fondo.
Dicha modalidad muestra además una brecha alarmante entre la tasa del servicio y el monto de las sanciones. Mientras que la multa puede llegar a los $100.000 el costo del estacionamiento es de apenas $100, una cifra que Ybars considera carente de sentido administrativo y fiscal.
A esta desproporción se suma una grave falla en la comunicación con el ciudadano. Basándose en informes del juzgado de tránsito, el concejal señaló que en lo que va del año se han registrado más de 2.000 vecinos con multas, pero solo 67 realizaron el pago voluntario. «Esto demuestra que cerca de 2.000 personas probablemente ni siquiera se enteraron de que tenían una infracción hasta que se toparon con un trámite administrativo o una ejecución judicial», advirtió Ybars.
El proyecto impulsado por Ybars busca reemplazar la lógica de la multa por una tasa fiscal. La intención es simplificar el proceso y evitar el gasto administrativo innecesario que genera para el municipio la gestión de expedientes que, en muchos casos, terminan en el archivo.
«Planteamos que, eliminando la multa y buscando una solución desde lo fiscal, podemos cobrar realmente por la tasa del servicio sin generar un perjuicio económico devastador para las familias en este contexto de crisis», explicó el edil. Esta medida se presenta como un aliciente necesario para los vecinos que hoy enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas como alimentos y servicios públicos.
Ybars enfatizó que, aunque el proyecto ya cuenta con dictamen de comisión, continúa trabajando para ampliar el respaldo político dentro del cuerpo deliberativo. El fin es garantizar que la normativa sea sólida y evitar futuros inconvenientes, como posibles vetos, asegurando así una solución efectiva y duradera para la comunidad de Río Grande.
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