Calvete
Dr. Federico Calvete, juez Federal de Ushuaia.
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Es el tercer expediente

Calvete volvió a declararse incompetente y envió otra causa del Puerto a la Corte Suprema

Se trata del tercer expediente vinculado con la intervención del organismo que el magistrado envía al máximo tribunal sin pronunciarse sobre el fondo de la controversia.

El conflicto judicial por la intervención de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) sumó un nuevo capítulo. El juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, volvió a declararse incompetente para intervenir y remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ahora deberá resolver cómo continuará el proceso.

Se trata del tercer expediente vinculado con la intervención del organismo que el magistrado envía al máximo tribunal sin pronunciarse sobre el fondo de la controversia.

En esta oportunidad, la presentación fue realizada por 64 trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos, quienes cuestionan la resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) al considerar que la intervención afecta sus derechos laborales, la estabilidad en sus puestos y la carrera administrativa.

Junto con la demanda, los empleados solicitaron una medida cautelar para evitar que esos presuntos perjuicios continúen mientras avanza el proceso judicial. Sin embargo, ese planteo tampoco fue analizado, ya que el juez entendió que corresponde que la Corte Suprema concentre el tratamiento de todas las causas relacionadas con el conflicto.

En su resolución, Calvete argumentó que este expediente mantiene una estrecha vinculación con otros dos iniciados previamente: uno impulsado por el Gobierno de Tierra del Fuego y otro por la propia Dirección Provincial de Puertos, ambos en rechazo a la intervención dispuesta por el Estado nacional. Según sostuvo, permitir que distintos tribunales intervengan de manera simultánea podría derivar en fallos contradictorios.

Si bien el magistrado reconoció que su juzgado podría tener competencia para tratar el caso, consideró que la conexidad entre las distintas presentaciones justifica que sea la Corte Suprema la que determine el camino a seguir.

Así, los tres reclamos vinculados con la intervención de la Dirección Provincial de Puertos permanecen sin una definición sobre la legalidad de la medida nacional. Será ahora el máximo tribunal del país el encargado de resolver qué jurisdicción deberá intervenir y, posteriormente, analizar el fondo de los planteos.

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