La polémica por los haberes cercanos a $25 millones mensuales de los jueces del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego escaló luego de que representantes gremiales expusieran la cifra y la presidenta del cuerpo, María del Carmen Battaini, defendiera públicamente esos ingresos.
La magistrada sostuvo que esos haberes son «el premio » a una carrera dentro del Poder Judicial y por una responsabilidad institucional elevada. Pero la explicación (un auténtico «sincericidio») profundizó el rechazo, sobre todo por el contraste con los salarios de base dentro de la misma estructura judicial.
La brecha dentro del Poder Judicial
El dato que encendió el rechazo fue la distancia entre la cúpula del STJ y los trabajadores que ingresan al Poder Judicial. Desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación señalaron que un ingresante cobra entre $1,7 y $1,8 millones brutos, mientras que un juez del Superior Tribunal percibe un haber que ronda los $25 millones mensuales.
Aunque los montos informados corresponden a categorías distintas —haberes netos en un caso y salarios brutos en otro—, la brecha expone el punto central del reclamo: la distancia entre la base de la estructura judicial y quienes ocupan los cargos más altos del tribunal.
El conflicto tampoco surge en el vacío. Los trabajadores judiciales vienen reclamando recomposición salarial, mejoras en la carrera interna y respuestas paritarias en un contexto de fuerte tensión por los ingresos públicos.
El argumento de Battaini y el punto más discutido
Battaini defendió los salarios de los jueces del STJ al afirmar que responden a un “premio a una carrera judicial” y a una responsabilidad elevada. Imposible saber si ese «premio» contempla los magros resultados de la labor de un cuerpo judicial que no goza, precisamente, de la aprobación popular.
También planteó que los magistrados no pueden desarrollar otras actividades y que, por la carga de trabajo, tampoco tendrían tiempo para hacerlo.
Ese argumento quedó entre los puntos más sensibles de la polémica. Frente a un haber cercano a los $25 millones mensuales, la dedicación exclusiva difícilmente alcance, por sí sola, para explicar la escala del ingreso ante una sociedad que mide sus salarios en montos muy inferiores.
La discusión, por lo tanto, no se limita a si un juez tiene responsabilidades mayores o incompatibilidades propias del cargo. El cuestionamiento público apunta a la proporcionalidad: cuánto puede asignarse en concepto de dieta la cúpula judicial, frente al resto del Estado, frente a sus propios trabajadores y frente a los ingresos reales de la mayoría de los hogares argentinos.
Casi 68 salarios mínimos
El contraste se vuelve más claro cuando se toma como referencia el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Desde junio de 2026, el piso para trabajadores mensualizados de jornada completa quedó fijado en $367.800.
Con esa referencia, un haber de $25 millones equivale a casi 68 salarios mínimos. La cifra muestra la magnitud de la diferencia sin necesidad de entrar, en ese punto, en la discusión legal sobre cómo se fijan los haberes judiciales.
Para el lector común, ese cálculo permite dimensionar el motivo del repudio: el salario mensual atribuido a un solo integrante del máximo tribunal provincial supera ampliamente el ingreso anual que recibiría una persona que cobra el salario mínimo.
El antecedente del tope salarial en Tierra del Fuego
En Tierra del Fuego, el debate salarial tiene además un antecedente constitucional especialmente sensible. El artículo 73 inciso 4 de la Constitución provincial establece que la remuneración de empleados y funcionarios públicos de cualquiera de los tres poderes no puede superar la del gobernador.
Por eso, el debate excede la cifra. En Tierra del Fuego, la discusión también toca el alcance del límite constitucional, la relación entre los haberes judiciales y el sueldo del gobernador, y la forma en que los distintos poderes interpretaron esa restricción a lo largo de los años.
¿Cómo puede pedirsele a funcionarios y al ciudadano común obediencia y respeto a la Constitución Provincial si sus maximos custodios, los jueces del Superior Tribunal, son los primeros en violarla?
El contraste con los hogares de mayores ingresos
Según un estudio reciente de Moiguer, la clase alta representa el 6% de la población, reúne unos 800 mil hogares y tiene un ingreso familiar mensual promedio de USD 7.900; dentro del segmento top, el promedio llega a USD 16.000 por mes.
El dato no mide salarios individuales, sino todos los ingresos de un hogar: sueldos, rentas, ganancias, inversiones u otras fuentes familiares. Por eso, la comparación no atenúa la polémica; la vuelve más visible. El haber atribuido a un solo juez del Superior Tribunal se ubica en una escala que puede competir con ingresos familiares completos de los sectores más altos del país.
La referencia es especialmente fuerte porque un hogar puede reunir dos salarios y muchos otros ingresos adicionales. En cambio, el monto discutido en el caso del STJ corresponde a una remuneración individual dentro del Estado provincial.
Una discusión que también apareció en otras provincias
La polémica por los altos sueldos judiciales no es exclusiva de Tierra del Fuego. A comienzos de 2026, Santa Cruz también quedó bajo la atención nacional por haberes judiciales que llegaron a cifras cercanas a los $24 millones, en medio de una fuerte disputa política e institucional.
Esa comparación muestra que el tema forma parte de una discusión más amplia en Argentina: cuánto deben cobrar los integrantes de los máximos tribunales provinciales, con qué criterios se definen esos ingresos y qué nivel de transparencia debería existir cuando se trata de remuneraciones financiadas con fondos públicos.
Pero si de comparaciones se trata, un integrante del máximo tribunal del país, la CSJN, percibe poco menos del equivalente a 300 mil dólares anuales, apenas por encima de lo que se llevan al bolsillo Battaini y sus pares.
Una polémica que no se agota en el monto
La repulsa general a los haberes del Superior Tribunal fueguino combina varios planos: la distancia con los trabajadores judiciales de base, el antecedente constitucional del tope salarial, el reclamo paritario y la dificultad de justificar ingresos excepcionales en un contexto de fuerte deterioro salarial.
La defensa de Battaini instaló los argumentos de carrera, responsabilidad y dedicación exclusiva. Pero la reacción pública dejó expuesto otro problema: aun cuando esos factores puedan formar parte de la remuneración judicial, no alcanzan para cerrar la discusión sobre la proporcionalidad de sueldos que rondan los $25 millones mensuales.
En ese punto, el debate ya no pasa solamente por la legalidad del haber. También pasa por su legitimidad social, por la transparencia con la que se explican esos montos y por la distancia cada vez más visible entre los ingresos de la cúpula judicial y los de la mayoría de los trabajadores.
Si se sigue ocultando el tema de los sueldos de los funcionarios como si fuera secreto de Estado, si se considera un tabú y no una cuestión de orden publico la dieta de los jueces, si nadie se anima a enfrentar la discusión, entonces la desigualdad seguirá en aumento y la «sabana corta» no llegará a tapar ni lo más urgente de las carencias de toda una provincia.
Comentarios