Hay instituciones que, por la naturaleza de la función que cumplen, deberían ser las primeras en transmitir un mensaje de prudencia, austeridad y empatía con la sociedad a la que sirven. Sin embargo, el Poder Judicial de Tierra del Fuego parece decidido a seguir recorriendo el camino exactamente opuesto.
En medio de un conflicto salarial con sus propios trabajadores, que denuncian ingresos iniciales de entre 1,7 y 1,8 millones de pesos brutos, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini, eligió defender los salarios cercanos a los 25 millones de pesos mensuales que perciben los ministros del máximo órgano judicial. Y lo hizo con una frase que resume una concepción difícil de explicar en un contexto de crisis: “hemos hecho toda una carrera y no nos hemos dedicado más que a esto. Hemos tenido posibilidades de tener un estudio, de tener fortunas y si llegamos a tener sueldos de un nivel interesante, por decirlo de alguna forma, es el premio a una carrera judicial y a una responsabilidad también muy grande” explicó sin eufemismos la mandamás judicial en radio Provincia.
La afirmación no sólo busca justificar una remuneración que multiplica por más de veinte el salario de un empleado ingresante, sino que instala la idea de que semejante nivel de ingresos constituye una recompensa natural por simple pertenencia. “No podemos hacer otra cosa y le aseguro que no hay tiempo para hacer otra cosa tampoco”, agregó la magistrada, mientras admitía que, para los empleados, “la verdad que son épocas muy difíciles”.
La paradoja es evidente. Son tiempos difíciles para todos, pero parecen serlo bastante menos para la cúpula de un Poder Judicial que, simultáneamente, decidió avanzar con la compra de un edificio en Ushuaia por USD 1.285.990,40. La operación incluye un anticipo de USD 184.561,40 y un financiamiento en 36 cuotas fijas de USD 30.595,25, todas nominadas en moneda estadounidense.
El argumento oficial sostiene que la nueva sede permitirá centralizar la Dirección Pericial y mejorar su funcionamiento, una explicación razonable desde el punto de vista operativo.
Sin embargo, resulta inevitable preguntarse si la prioridad institucional debía ser incorporar un tercer inmueble propio cuando la provincia enfrenta restricciones financieras, el Estado discute ajustes permanentes y los propios trabajadores judiciales reclaman salarios que consideran insuficientes.
La Justicia necesita independencia, infraestructura y funcionarios capacitados. Pero también necesita legitimidad social. Y esa legitimidad no se construye únicamente con fallos, sino también con señales de responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
Es dable destacar que -a diferencia de los otros poderes- el Poder Judicial se fija su propio presupuesto para sin limitación y sin control externo y es privilegio del Superior Tribunal establecer el monto de las dietas de sus miembros y la escala salarial de toda la plantilla de funcionarios y empleados. Un privilegio propio de una monarquía, antes que de una república.
En ese marco, cuando quienes administran justicia defienden remuneraciones exorbitantes como un premio personal y al mismo tiempo comprometen más de 1 millón de dólares en nuevas inversiones edilicias, mientras el resto del Estado y la sociedad transitan un escenario de incertidumbre y angustia, la imagen que proyectan es la de un poder que parece haber perdido todo contacto con la realidad.
Y esa distancia, mucho más que cualquier cifra, termina siendo el verdadero problema.
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