La secretaria general de la Asociación Fueguina Universitaria de Docentes e Investigadores (AFUDI), Andrea Ozamiz, expresó su preocupación por el nuevo reglamento de jubilaciones que impulsa el consejo superior de la universidad.
“Nuestro gremio no se opone de ninguna manera a que se reglamenten estos procedimientos administrativos porque es necesario para ordenar el proceso de transición de los docentes”, aclaró.
Sin embargo, advirtió que el documento contiene “incongruencias y contradicciones con la ley 26.508, con una interpretación restrictiva de esa ley que es la que establece un régimen especial para las jubilaciones de los docentes universitarios”.
El problema, explicó Ozamiz, es que el proceso de cese no puede ser automático. “Uno de los puntos más complicados que tiene este reglamento es precisamente ese: el cese automático a los 70 años puede implicar para un docente que quede sin salario, desvinculado de la actividad laboral, sin salario y sin haber obtenido su jubilación todavía”.
La dirigente señaló que lo que corresponde es un aviso con al menos dos años de antelación, porque la jubilación no se obtiene de un día para el otro, y una renuncia condicionada hasta que el docente perciba el haber jubilatorio.
“Si no, estaríamos dejando a un docente, a una docente, sin ningún tipo de ingreso que son de carácter alimentario”.
Con un período de apenas 90 días para su entrada en vigencia, Ozamiz advirtió sobre las consecuencias inmediatas. “Vamos a tener compañeros docentes, que son los que tienen mayor trayectoria, que son los que más han aportado a la construcción de la universidad, que tienen a cargo proyectos de investigación, actividad docente, formación de recursos humanos, van a quedarse sin trabajo y muchos de ellos no tienen todavía su jubilación”.
En un contexto de crisis nacional y provincial, consideró la situación “muy compleja”.
Detrás de la medida, Ozamiz identificó también un problema ético y una intención presupuestaria. “La universidad cómo trata a sus profesores mayores también habla del modelo de universidad que se está construyendo, y eso lo estamos cuestionando fuertemente”.
Sostuvo que la universidad busca ordenar un procedimiento administrativo, pero que ese procedimiento no puede regirse únicamente por lógicas instrumentales. “Nuestros docentes son sujetos de derecho”, resaltó.
“Esa expulsión de quienes tienen mayor trayectoria, que implica tener salarios altos porque tienen mayor antiguedad, mayor categoría y en muchos casos dedicaciones exclusivas, son un gasto para la universidad en este momento y la posibilidad de obtener rápidamente recursos libres para destinar a otras cuestiones”.
Ozamiz advirtió que las vacantes que se generarían están reglamentadas por la actividad docente, donde los docentes de categoría inmediata superior deben ser promovidos, pero no puede ocurrir una multiplicidad de cargos.
“En ese caso estaremos pensando que estos ceses estarían orientados únicamente a obtener presupuesto y nuestros compañeros no pueden ser tratados como variables de ajuste, esto nos parece que no corresponde, mucho menos a la universidad pública”, destacó.
El gremio busca avanzar con medidas para evitar que los docentes atraviesen esta situación. “Tener 70 años, encontrarse en una crisis como la que estamos viviendo en todo el país y en la provincia y sin haber jubilatorio y sueldo, la verdad que no está bueno”, concluyó.
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