Por amplia mayoría, la Legislatura aprobó una ley que restringe el uso de teléfonos celulares en las aulas de escuelas públicas y privadas de la provincia de Chubut, una medida que abarca tanto a los estudiantes como al personal docente en los niveles Inicial, Primario y Secundario.
La normativa dispone que, específicamente en el nivel Secundario, los dispositivos solo podrán ser empleados bajo fines pedagógicos y mediante una planificación previa del profesor.
Asimismo, se contemplan excepciones para aquellos alumnos que requieran el uso del teléfono por razones de salud o de aprendizaje.
Fundamentos de la normativa y salud integral
La iniciativa fue impulsada por Juan Pais, presidente del bloque Arriba Chubut, quien argumentó que existe evidencia empírica que demuestra que el uso de celulares en el ámbito escolar perjudica el aprendizaje y atenta contra la salud de niños y adolescentes.
«El uso de estos dispositivos móviles por parte de los niños en las aulas atenta contra el aprendizaje, contra la atención y contra el desarrollo cognitivo. Los cerebros de los chicos que cursan en las escuelas primarias y secundarias están en formación, están en pleno desarrollo», advirtió el funcionario.
A su vez, el legislador respaldó la medida citando informes de la Sociedad Argentina de Pediatría y del CONICET, los cuales vinculan el uso excesivo de pantallas con alteraciones del sueño, problemas visuales, obesidad, ansiedad y depresión.
Impacto en el rendimiento académico y tendencias
Durante la fundamentación del proyecto, se expusieron las estadísticas educativas globales para contextualizar la problemática local.
«Lamentablemente en el año 2022 salimos primeros como país en el ranking equivocado. Argentina tenía el mayor de distracción en uso de dispositivos móviles; y eso trae aparejado también entre otras cosas que el 74% de los evaluados no superara niveles de conocimientos básicos de matemáticas», recordó Juan Pais.
De acuerdo con el impulsor de la ley, la normativa busca devolverle la autoridad al docente en el aula, ya que no se plantea como una prohibición estricta ni definitiva, sino que faculta al educador para decidir cuándo utilizar las herramientas digitales con fines pedagógicos.
Con esta sanción, Chubut se suma a una tendencia de regulación que ya implementan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otras ocho provincias argentinas y países europeos como Dinamarca, Noruega, Francia y Países Bajos.
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