La segunda jornada del juicio oral y público por las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas vinculadas a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sumó un nuevo testimonio de un damnificado que comprometió a los imputados Miguel Ángel Arana y Carlos Córdoba. En paralelo, la defensa del actual secretario general del gremio insistió en que no existen pruebas que lo vinculen directamente con las maniobras investigadas.
Ante el Tribunal, el comerciante Gerardo de la Trinidad Argüello relató cómo tomó contacto con Daniel Belbey y posteriormente con Arana, quienes le ofrecieron acceder a una vivienda mediante el pago de dinero en efectivo. “Ellos me decían que se le entregaba al señor Córdoba para que él destinara el departamento o el local habitacional a designar”, afirmó durante su declaración.
Argüello explicó que conocía a Belbey por su actividad comercial y que, con el tiempo, generaron una relación de confianza. Según indicó, en una oportunidad Arana se presentó en su farmacia y le comentó que había personas que abandonaban la provincia o desistían de los planes habitacionales, por lo que buscaban interesados que pudieran asumir los pagos.
“Me explicó que el señor Córdoba les había ofrecido a ellos dos que buscaran gente conocida que pudiera abonar la cantidad de dinero que se pedía en ese momento”, sostuvo. El comerciante precisó que vendió un lote que poseía en Mendoza y que entregó alrededor de 300 mil pesos en seis cuotas a Belbey y Arana.
Durante su testimonio, señaló además que en varias oportunidades fue acompañado por Arana para elegir un departamento y que incluso iniciaron gestiones ante el IPV. “Fuimos por lo menos unas diez veces guiados por el señor Aranda a elegir el departamento que nos correspondía”, declaró.
Argüello aseguró que tomó conocimiento de la presunta maniobra cuando se publicó el listado de adjudicatarios y comprobó que no figuraba entre los beneficiarios. “El señor Belbey me negó en ese momento que yo le hubiera entregado ningún dinero”, dijo. A partir de allí, realizó la denuncia judicial.
También relató un encuentro posterior con Córdoba en la sede gremial. “Me sentí medio atemorizado”, afirmó al describir una reunión en la que participaron unas 15 personas. Según indicó, en ese contexto el dirigente sindical expresó: “Vamos a ver qué le ofrecemos a este señor en recompensa por lo que él dice que ha aportado”.
La defensa de Córdoba
Tras la audiencia, la abogada defensora de Córdoba, Marisel Banegas, volvió a rechazar cualquier vinculación directa de su representado con las maniobras investigadas. “No hay ninguna prueba que lo involucre al señor Carlos Córdoba”, sostuvo en declaraciones a FM Centro de la ciudad de Ushuaia.
La letrada afirmó que el propio Arana “prácticamente fue una confesión de haber cometido todos los ilícitos que se están investigando” y remarcó que el dinero “empieza y termina en el señor Arana”. También insistió en que Córdoba “fue quien inició esta investigación” con una denuncia presentada en 2018, luego de recibir reclamos de familias afectadas.
“¿Quién sabiendo de que puede caer en una investigación de esta magnitud va a ir a realizar la denuncia?”, planteó Banegas, al tiempo que sostuvo que las maniobras investigadas ocurrieron entre 2014 y 2017 y que Córdoba recién tomó conocimiento cuando comenzaron los conflictos con las adjudicaciones.
(Imagen: gentileza Critica Sur)
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