La decisión de la Legislatura de Tierra del Fuego de rechazar el veto del gobernador Gustavo Melella e insistir con la derogación de la Ley Provincial 1529 abrió una nueva etapa en el conflicto político e institucional por la reforma constitucional.
Luego de la sesión en la que una mayoría agravada volvió a pronunciarse contra la continuidad del proceso reformista, la discusión salió del recinto y quedó encaminada hacia el terreno judicial. La Legislatura elevó un informe a la Justicia, mientras que el propio Melella anticipó que el Ejecutivo provincial acudirá a los tribunales.
El Gobernador cuestionó la decisión parlamentaria y sostuvo que se trata de una iniciativa “claramente inconstitucional”. También advirtió que intentar detener el proceso de reforma, ya iniciado con la convocatoria a convencionales constituyentes, implica “vulnerar derechos políticos” y desconocer reglas básicas del sistema democrático.
Melella habló de una “ilegalidad”
A través de sus redes sociales, Melella lamentó “profundamente la insistencia a la impugnación de la reforma parcial” de la Constitución Provincial y acusó a sectores políticos de intentar frenar un debate que, según su postura, permitiría modernizar la Carta Magna fueguina.
El mandatario fue más allá y sostuvo que se está avanzando en una “ilegalidad” que “atenta directamente contra las instituciones democráticas y la seguridad jurídica” de la provincia. En ese marco, confirmó que el tema será judicializado.
“Estamos frente a una iniciativa claramente inconstitucional y, por eso, la demanda deberá ser presentada ante la Justicia”, avisó Melella, dejando en claro que el Gobierno no dará por cerrado el proceso pese a la insistencia legislativa.
Vuoto agradeció al PJ y defendió los recursos municipales
En paralelo, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, publicó un mensaje en redes sociales en el que agradeció “de corazón” a los legisladores del bloque PJ, a quienes destacó por haber estado “una vez más al lado de la gente, defendiendo los intereses de todos los fueguinos y fueguinas”.
Aunque el eje institucional de la jornada estuvo puesto en la reforma constitucional, Vuoto amplió la lectura política hacia otros temas sensibles de la sesión legislativa. En ese sentido, celebró la aprobación de recursos para la OSEF, luego de “mucha insistencia” frente a la situación del sistema de salud provincial.
También valoró que se proponga “otro proyecto superador” para el servicio de gas a los vecinos y sostuvo que dejar sin efecto el veto que recortaba el subsidio “a miles de fueguinos” fue “la mejor decisión” que votaron varios legisladores.
La reunión con el Gobierno y la advertencia judicial
Vuoto confirmó además que, ante la convocatoria a una reunión por parte del Gobernador, los equipos económicos del Municipio de Ushuaia estarán presentes para discutir la situación.
“Dada la convocatoria a reunión por parte del Gobernador, nuestros equipos económicos estarán presentes atendiendo la compleja situación económica y social que estamos atravesando”, señaló.
Sin embargo, el intendente dejó una advertencia concreta: “Si no obtenemos respuestas concretas, agotaremos todas las instancias, incluida la judicial”.
El mensaje cerró con una definición política directa sobre el reclamo de fondos y la autonomía municipal: “No bajamos los brazos. Vamos a seguir luchando por la autonomía municipal y cada peso que le corresponden a Ushuaia y nuestros vecinos y vecinas”.
La próxima palabra la tendrá la Justicia
Con la insistencia legislativa consumada, la reforma constitucional quedó atrapada en una controversia que combina disputa política, discusión institucional y posible definición judicial.
Por un lado, la Legislatura sostiene que la derogación de la Ley 1529 dejó sin sustento el proceso reformista y elevó su resolución a la Justicia. Por el otro, Melella considera que esa decisión vulnera derechos políticos y anunció que acudirá a los tribunales.
A ese escenario se suma el reclamo de Vuoto por la autonomía municipal y por los recursos que, según el Municipio, corresponden a Ushuaia. Así, la crisis abierta por los vetos del Ejecutivo ya no se limita a la reforma constitucional: también expone una tensión creciente por los fondos municipales, el financiamiento de la OSEF y la asistencia a miles de familias fueguinas a través del subsidio al gas.
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