Los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) difundieron una carta abierta dirigida a la comunidad portuaria, agencias marítimas, empresas navieras, cámaras empresariales y al sector turístico de Ushuaia, en la que expresaron una “profunda preocupación institucional, social y económica” por la situación derivada de la intervención federal sobre el puerto capitalino y advirtieron sobre posibles consecuencias para la próxima temporada de cruceros.
En el documento, los empleados sostienen que más de 140 trabajadores permanecen “en un estado de incertidumbre absoluta” junto a sus familias y aseguran que se encuentran vulnerados no solo sus derechos laborales, sino también “el normal desarrollo de una actividad que resulta estratégica para toda la provincia”.
Los trabajadores señalaron que, pese al conflicto, durante la actual temporada de cruceros 2025/2026 mantuvieron “medidas de acción directa mínimas y controladas” con el objetivo de no afectar una actividad que, afirmaron, ya se encontraba planificada por el personal de la DPP. “Ese compromiso se cumplió”, remarcaron.
Sin embargo, indicaron que las garantías para la temporada 2026/2027 “ya no pueden darse por aseguradas” si el escenario actual se mantiene. La advertencia estuvo dirigida especialmente a operadores turísticos, comerciantes y prestadores vinculados a la actividad portuaria y de cruceros, uno de los principales motores económicos de Ushuaia.
En la carta, los trabajadores cuestionaron severamente el manejo administrativo y financiero de la intervención. Afirmaron que los fondos provenientes de la explotación del puerto “están siendo desviados a una cuenta del Banco de la Nación Argentina”, sobre la cual, aseguran, “no existe claridad sobre quién la controla ni qué organismo la audita”.
Según expresaron, esta situación “pone en riesgo directo el pago” de salarios y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo. Además, vincularon la conducción de la intervención con sectores políticos locales afines al gobierno de Javier Milei y dirigentes portuarios nacionales a quienes acusaron de mantener “manejos irregulares dentro del sistema portuario”.
En otro tramo del documento, los empleados sostuvieron que los argumentos utilizados para justificar la intervención “han perdido sustento” tras la aparición de documentación vinculada a certificaciones de seguridad y protección ambiental vigentes para la terminal portuaria.
Finalmente, los trabajadores afirmaron que defienden no solo sus puestos laborales, sino también “un principio fundamental: que el Puerto de Ushuaia pertenece a la Provincia de Tierra del Fuego y debe ser administrado por la propia provincia”.
La carta concluye con una advertencia directa sobre una eventual profundización del conflicto. “Si esta situación persiste, el conflicto inevitablemente se profundizará”, expresaron, y añadieron que, en ese escenario, “las condiciones de operatividad que históricamente caracterizaron a nuestro puerto se verán seriamente comprometidas”.
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