La Legislatura de Tierra del Fuego protagonizó una sesión de fuerte impacto institucional y político para el Gobierno provincial. En una misma jornada y de madrugada, el Parlamento derogó la Ley Provincial N° 1529, que habilitaba el proceso de reforma parcial de la Constitución, y además sancionó la denominada Ley de Goteo Diario, que establece un mecanismo automático de transferencia de fondos hacia municipios y organismos del Estado.
Las dos decisiones representan un revés marcado para la administración provincial. Por un lado, la derogación de la ley de reforma constitucional frena, al menos desde el plano legislativo, una de las principales apuestas políticas del Ejecutivo. Por otro, la aprobación del goteo diario limita la discrecionalidad en el manejo de los recursos y modifica la relación financiera entre la Provincia, los municipios y otros poderes del Estado.
Marcha atrás con la reforma constitucional
La derogación de la Ley 1529 fue aprobada a las 3:50 de la madrugada de este viernes, en el marco de la segunda sesión ordinaria del año. La votación terminó con 11 votos afirmativos y sólo 4 negativos.
La norma derogada era la que había declarado la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de Tierra del Fuego. Había sido sancionada a fines de 2023, pero desde entonces quedó envuelta en una creciente discusión política, judicial y social.
Los votos en contra de la derogación correspondieron a los bloques FORJA y Sumemos Tolhuin, que sostuvieron la continuidad del proceso reformista. En cambio, una mayoría amplia de legisladores de distintos espacios acompañó la decisión de dejar sin efecto la ley.
El dato político no es menor: la Legislatura revirtió una decisión que había sido aprobada en otro contexto político y dejó al oficialismo en franca minoría frente a un tema central para el Gobierno. La decisión se produjo, además, luego de que el Ejecutivo avanzara con el llamado a elecciones de convencionales constituyentes para el 9 de agosto.
Una pulseada que podría seguir en la Justicia
La derogación legislativa no necesariamente cierra la discusión. Desde el Gobierno provincial ya se había defendido la continuidad del proceso reformista, con el argumento de que la convocatoria estaba en marcha y respaldada por decisiones judiciales previas
Por eso, el escenario que se abre ahora es de alta tensión institucional. La Legislatura votó la derogación de la ley, pero el Ejecutivo podría insistir con la validez del proceso o avanzar con nuevas instancias administrativas y judiciales
En los hechos, la reforma constitucional quedó atravesada por una doble disputa: política, por la pérdida de apoyo legislativo; y jurídica, por la discusión sobre si el proceso puede ser detenido una vez iniciado.
También se aprobó la ley de goteo
En la misma sesión, la Legislatura sancionó la ley de goteo diario de fondos, otra decisión de fuerte impacto para el Gobierno provincial.
La iniciativa establece un sistema de transferencia automática y diaria de recursos desde la Provincia hacia los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. El mecanismo busca garantizar que los fondos coparticipables lleguen en tiempo y forma, sin demoras administrativas ni decisiones discrecionales del Ejecutivo.
El proyecto fue impulsado en medio de una fuerte tensión financiera entre la Provincia y los municipios, que venían reclamando atrasos en el envío de fondos. La discusión se intensificó en las últimas semanas, con planteos de intendentes, concejales, sindicatos municipales y organismos que reclamaban previsibilidad para afrontar salarios, servicios, proveedores y compromisos corrientes.
Qué cambia con el goteo diario
La ley apunta a replicar, dentro de la provincia, un esquema similar al que utiliza Nación con las provincias: a medida que ingresan los recursos, se transfieren de manera automática según los porcentajes correspondientes.
El Banco de Tierra del Fuego tendrá un rol central como agente de liquidación y transferencia. La norma beneficia a los municipios, pero también incorpora previsiones para organismos sensibles como la Obra Social del Estado Fueguino, la Caja de Previsión Social, el Poder Judicial, la Legislatura y la Fiscalía de Estado.
Para los municipios, la aprobación de la ley significa mayor previsibilidad financiera. Para el Gobierno provincial, en cambio, implica una pérdida de margen en la administración diaria de los recursos públicos, especialmente en un contexto de caída de ingresos, aumento de demandas y presión sobre las cuentas públicas.
Cambio en la relación entre Provincia y municipios
La aprobación del goteo modifica uno de los puntos más sensibles de la política fueguina: la relación financiera entre el Ejecutivo provincial y las administraciones municipales.
Hasta ahora, los municipios reclamaban que la Provincia recibía fondos de manera regular, pero no siempre los transfería con la misma periodicidad. Esa demora, según planteaban, afectaba la planificación presupuestaria, las obras, el pago a proveedores y las negociaciones salariales.
Con la nueva ley, la transferencia deberá realizarse de forma automática. En términos políticos, la Legislatura le quitó al Ejecutivo una herramienta de administración financiera que durante años fue motivo de conflicto entre gobiernos provinciales y municipios.
Una sesión que reacomoda el tablero político
La sesión de trasnoche dejó una foto política contundente: una mayoría legislativa, integrada por bloques de distinto origen, avanzó con dos leyes que recortan el margen de acción del Gobierno provincial.
La derogación de la reforma constitucional golpea una iniciativa estratégica del Ejecutivo. La ley de goteo, por su parte, altera el manejo de los fondos y fortalece la posición de los municipios y organismos que reclamaban transferencias automáticas.
En una madrugada de definiciones, la Legislatura no solo sancionó dos normas. También envió una señal política clara: el oficialismo ya no controla con comodidad la agenda parlamentaria y deberá enfrentar un nuevo escenario de negociación, tanto en el plano institucional como en el financiero.
Es destacable recordar que tanto el intendente de Río Grande, Martín Perez, como el de Ushuaia, Walter Vuoto, vienen reclamando con insistencia por presuntas demoras en los giros de fondos coparticipables, por lo que la tan discutida Ley de Goteo, con su sanción, viene a forzar los hechos de modo contndente en un escenario de severos apremios económicos para todas las administraciones.
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