El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte expresó su preocupación por la deuda que mantiene el Gobierno provincial con los municipios.
El funcionario sostuvo que “mientras la Legislatura estaba por sesionar, la deuda llegó a puntos históricos; catorce mil millones de pesos de deuda al viernes de la semana pasada”, y remarcó que resulta prioritario avanzar en herramientas que permitan garantizar previsibilidad financiera a los municipios.
Iriarte insistió en la necesidad de avanzar con la denominada Ley de Goteo, al considerar que “tal vez sea lo más urgente para los municipios justamente por la situación que están atravesando ante la falta de remisión de los fondos en tiempo y forma”.
No obstante, lamentó que la situación institucional haya alcanzado este nivel de tensión y vinculó el escenario actual con “la soledad con que venía teniendo el gobernador en la toma de decisiones y definiciones”, lo que, según señaló, derivó en una pérdida de consensos políticos.
En ese sentido, destacó que “la Ley de Goteo quedó en comisión y vamos a tratar de conseguir los consensos para poder aprobarla”. En tanto, valoró la convocatoria al diálogo institucional surgida en el marco de ese debate legislativo. “Hay que encaminar un diálogo institucional y un diálogo que nos permita tener previsibilidad, que es lo que venimos reclamando desde hace meses”, afirmó.
Y en referencia a la mesa técnica explicó que debería comenzar a funcionar esta misma semana, la cual anticipó que debería estar integrada por los equipos económicos de las distintas partes, con “la idea de poder repasar las remisiones nacionales y provinciales para reconocer cuánto es lo que se adeuda en concepto de atrasos y después planificar cómo vamos a ir achicando esa deuda”.
Por otra parte, Iriarte indicó que “desde el Partido Justicialista cuestionamos con dureza el impulso del Gobierno provincial al llamado de la reforma constitucional, donde además, “once legisladores, le dijeron al gobernador que no es momento para una reforma”, de manera que “el mensaje político fue contundente”.
Asimismo, contó que “desde el PJ se había planteado inicialmente la posibilidad de suspender el tratamiento para evaluar el escenario más adelante, aunque finalmente prevaleció la decisión de avanzar con la derogación de la ley. Pero primó la cordura de no gastar semejante cantidad de dinero en un momento donde la sociedad la está pasando muy mal”.
Asimismo, el funcionario observó que el debate constitucional no debe descartarse, pero sí debe darse en el momento adecuado. “La reforma puede ser importante y no hay que escaparle a esa discusión, pero hay que elegir el contexto y claramente sentir que hoy es el momento para reformar la constitución, abocar todo el aparato institucional, político, partidario, a una elección que lo único que iba a hacer desgastarnos hacia adentro era totalmente innecesario”.
Motivo por el cual remarcó que “me parece que el error, a mi modesto entender del gobernador, fue no haber sabido y entendido que no era el momento para llevar adelante estos debates”.
Finalmente lamentó que “mientras las familias atraviesan incertidumbre, los comercios sufren y los puestos de trabajo están en riesgo, insistir con una reforma constitucional fue desconectarse de la realidad de la gente”.
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