La institucionalidad de Tierra del Fuego atraviesa una de sus etapas más críticas y controversiales desde la sanción de su Constitución provincial. En simultáneo, dos conflictos de enorme sensibilidad política y jurídica exponen una creciente tensión entre poderes del Estado: la paralización del proceso de reforma constitucional y la disputa abierta por la designación de jueces.
El cuadro general revela una provincia atravesada por interpretaciones contrapuestas sobre los límites de cada órgano institucional. El Gobierno y parte del oficialismo sostienen que existe un “estado preconstituyente” que impediría frenar el proceso de reforma constitucional ya convocado. En cambio, la mayoría legislativa entiende que la Legislatura sí tiene facultades para derogar el llamado a elecciones de convencionales constituyentes.
En el centro de esa controversia quedó el Poder Judicial. La jueza electoral Mariel Zanini decidió no emitir aún el cronograma electoral previsto para los comicios del 9 de agosto y remitió actuaciones al Ministerio Público Fiscal ante dudas sobre la seguridad jurídica del proceso. Desde el Ejecutivo cuestionaron la medida por considerar que introduce “dilación” e “incertidumbre” en un procedimiento que, según afirman, ya cuenta con un fallo firme del Superior Tribunal de Justicia.
El debate jurídico, sin embargo, está lejos de ser pacífico. Mientras algunos sectores sostienen que el fallo del Superior Tribunal quedó firme luego del rechazo al recurso extraordinario ante la Corte Suprema, otros consideran que la presentación de una queja ante el máximo tribunal nacional impide avanzar con normalidad. La consecuencia inmediata es política: la provincia enfrenta la posibilidad inédita de una elección constitucional suspendida en medio del calendario electoral.
El otro frente: jueces, poder y autonomía
La segunda crisis institucional se abrió dentro del propio sistema judicial. El Superior Tribunal de Justicia rechazó una de las candidaturas elevadas por el Consejo de la Magistratura para cubrir cargos judiciales, decisión que desencadenó un fuerte conflicto interno y reabrió el debate sobre quién tiene la última palabra en la integración del Poder Judicial.
Mediante una acordada, el STJ designó a Lucas Enrique Berber para un juzgado correccional de Ushuaia, pero desestimó la postulación de María Elena Guerrero para el Juzgado de Familia y Minoridad Nº1. El argumento del tribunal fue que la facultad constitucional de designar jueces no puede reducirse a una mera formalidad y que corresponde evaluar antecedentes, trayectoria y mérito de los postulantes.
La decisión fue interpretada por integrantes del Consejo de la Magistratura y distintos sectores políticos como una invasión de competencias. La controversia se concentra en la diferencia entre “proponer” y “designar”, términos utilizados por la Constitución provincial para repartir atribuciones entre ambos órganos.
Un sistema bajo tensión
La gravedad institucional escaló cuando el propio Consejo emplazó al Superior Tribunal para que tome juramento a la candidata rechazada, una facultad que gran parte de los especialistas considera inexistente.
La escena dejó al descubierto fisuras internas dentro de la cúpula judicial y profundizó cuestionamientos históricos sobre arbitrariedad, corporativismo y mecanismos de reproducción de poder dentro de la Justicia fueguina.
Todo ocurre además en un contexto económico extremadamente adverso para la provincia, marcado por caída de actividad, incertidumbre laboral y deterioro financiero. En ese escenario, la percepción de un sistema político y judicial enfrascado en disputas de poder y de ego multiplica la sensación de fragilidad institucional.
Más allá de las posiciones jurídicas, el dato central es político: Tierra del Fuego enfrenta hoy una crisis simultánea entre los tres poderes del Estado, con reglas en discusión, competencias disputadas y decisiones clave sometidas a interpretaciones contradictorias. La resolución de esos conflictos definirá no solo el futuro de la reforma constitucional y del sistema judicial, sino también el equilibrio institucional de la provincia en los próximos años, hoy gravemente herido.
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