El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que declara la emergencia económica y financiera del Municipio, en respuesta a lo que el Ejecutivo define como un cuadro excepcional de deterioro de las cuentas públicas locales.
La iniciativa fue ingresada formalmente el 16 de abril y plantea una vigencia inicial de seis meses, con posibilidad de prórroga por un período similar. El tratamiento está previsto para la próxima sesión ordinaria del cuerpo legislativo, donde se anticipa un debate con fuerte contenido político.
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo municipal describe un escenario atravesado por la caída de la recaudación, el impacto del contexto macroeconómico nacional y las dificultades en la remisión de fondos. Según se detalla, el país atraviesa un proceso de ajuste, con retracción del gasto público, disminución del consumo y pérdida del poder adquisitivo, factores que inciden directamente en la recaudación tributaria y en la coparticipación.
En ese marco, el Municipio advierte que en enero de 2026 los fondos coparticipables percibidos por Ushuaia registraron una baja del 5% en términos nominales respecto del mismo mes del año anterior. Al considerar la inflación, el Ejecutivo estima que la caída real del poder de financiamiento alcanza aproximadamente el 38%.
A esta situación se suman demoras en la transferencia de recursos por parte del Gobierno provincial, que el texto oficial cuantifica en más de 12 mil millones de pesos, equivalentes a unos 35 días de atraso respecto del flujo habitual de ingresos municipales. Este factor, sostiene el proyecto, compromete la liquidez y la capacidad de planificación del Estado local.
El documento también incorpora un análisis estructural de la economía fueguina, al señalar que en la última década la provincia habría perdido cerca de 10.000 puestos de trabajo industriales, en el marco de un modelo productivo debilitado. A ello se agrega el desfasaje entre las proyecciones presupuestarias y la evolución real de la inflación, que habría superado las estimaciones previstas para el año.
Tormenta perfecta
Pese a este escenario, el Municipio destaca que durante 2025 mantuvo una política de recomposición salarial para sus trabajadores, con incrementos acumulados del 33,34%, logrando en algunos casos igualar o superar la inflación patagónica. Sin embargo, advierte que sostener esa política podría verse comprometido por la caída de ingresos.
El proyecto describe la situación como una “tormenta perfecta”, producto de la combinación de menor recaudación, aumento de obligaciones, inflación persistente, apertura de importaciones y mayor demanda social. Frente a ello, plantea la necesidad de adoptar medidas excepcionales, transitorias y de aplicación inmediata.
Entre las facultades solicitadas al Ejecutivo se incluyen la posibilidad de renegociar, suspender o rescindir contratos y concesiones, reestructurar partidas presupuestarias, consolidar y refinanciar deudas con proveedores, y buscar nuevas fuentes de financiamiento, incluso mediante un eventual aumento del endeudamiento. También contempla la suspensión de ingresos de personal, salvo en áreas esenciales.
El proyecto establece que todas las decisiones adoptadas deberán ser informadas posteriormente al Concejo Deliberante, lo que abre un nuevo escenario institucional de control y seguimiento.
La declaración de emergencia se inscribe ahora en el debate político local, donde el oficialismo deberá construir consensos para su aprobación. En paralelo, la discusión vuelve a poner en el centro la situación financiera del Municipio y el impacto de la coyuntura económica nacional y provincial en la administración de la capital fueguina.
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