El Gobierno nacional anunció que presentará en el Senado un proyecto para modificar la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, sancionada en 2010. Aunque la norma seguiría vigente, la propuesta oficial apunta a cambiar algunos de sus puntos más discutidos, en especial los criterios de internación involuntaria, la organización de la red asistencial y la forma en que se evalúan las situaciones de riesgo.
Lo que se conoce hasta ahora surge de la comunicación oficial y de los lineamientos que trascendieron después del anuncio. En ese esquema, la reforma no aparece como una derogación total de la ley, sino como una reescritura de artículos clave que, según el Ejecutivo, hoy dejan al sistema con poco margen de respuesta frente a cuadros complejos o urgencias.
Qué cambia con la reforma de la Ley de Salud Mental
Según el planteo oficial, la reforma mantendría la ley actual, pero modificaría tres áreas centrales: las internaciones involuntarias, el uso de hospitales generales y especializados, y el criterio para evaluar el riesgo de una persona en crisis.
Uno de los cambios más sensibles está en la internación involuntaria. La ley vigente la habilita cuando existe un “riesgo cierto e inminente” para la propia persona o para terceros. El Gobierno quiere reemplazar ese enfoque por un criterio más amplio, de tipo situacional, que no mire solo la escena puntual del momento de la evaluación, sino también el contexto, los antecedentes recientes y la evolución previsible del cuadro si no hay tratamiento.
En esa misma línea, la propuesta oficial establece que uno de los médicos que intervengan en la evaluación de una internación involuntaria deba ser psiquiatra. Además, sostiene que la internación seguirá siendo un recurso excepcional, pero con un mecanismo más ágil en urgencias: el profesional interviniente podría indicarla y luego el equipo interdisciplinario debería ratificarla dentro de las 24 horas, con notificación judicial posterior.
Otro cambio importante pasa por la red de atención. Según el Gobierno, los hospitales generales deberían absorber los casos leves, mientras que los cuadros graves quedarían reservados para hospitales o instituciones especializadas. El argumento oficial es que hoy no todas las provincias tienen infraestructura, personal o dispositivos suficientes para responder del mismo modo, y que esa desigualdad termina afectando el acceso real a la atención.
Por qué el Gobierno quiere cambiar la ley ahora
La explicación oficial es que, a 15 años de la reglamentación de la norma, la aplicación sigue siendo desigual en el país. El Ministerio de Salud informó que solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley vigente, que 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y que 20 disponen de camas para internación. Para el Ejecutivo, esa combinación deja vacíos de atención y respuestas dispares según la provincia.
La discusión, de todos modos, no es nueva. Ya en 2024 la reforma de la ley había reaparecido en el debate legislativo nacional a través de la llamada Ley Ómnibus, y también había generado repercusiones en Tierra del Fuego. En Río Grande se habían realizado reuniones y asambleas para analizar el alcance de los cambios que se proponían en ese momento.
El debate de fondo atraviesa hace tiempo a especialistas, funcionarios y organizaciones vinculadas al área. De un lado, aparecen las críticas sobre la dificultad de intervenir con rapidez en situaciones graves. Del otro, se sostiene que el principal problema no es la ley en sí, sino la falta de recursos, dispositivos y equipos para aplicarla de manera completa en todo el país.
Leonardo Gorbacz y la referencia fueguina en este debate
En Tierra del Fuego, además, la discusión tiene una referencia conocida: Leonardo Gorbacz. El ex diputado nacional fueguino quedó asociado al origen de la Ley 26.657 y su nombre suele reaparecer cada vez que vuelve el debate sobre cambios en la norma, lo que también conecta la discusión nacional con antecedentes políticos e institucionales de la provincia.
Por ahora, lo que hay sobre la mesa son los lineamientos difundidos por el Poder Ejecutivo. Falta conocer el texto definitivo, su redacción concreta y el recorrido que tendrá en el Congreso. Recién entonces se verá con mayor precisión hasta dónde llegan los cambios propuestos y qué impacto podrían tener sobre el modelo de atención vigente.
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