La conducción de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) quedó en el centro de una polémica tras la denuncia presentada por la vocal Adriana Soria contra la presidenta del organismo, Mariana Hruby, ante la Fiscalía de Estado.
El planteo surge a partir de un acuerdo firmado para refinanciar una deuda superior a los $11.000 millones que el Gobierno provincial mantiene con la obra social. En lugar de exigir el pago inmediato o avanzar por la vía judicial, se estableció un plan de cancelación en 36 cuotas con una tasa de interés considerada baja en relación a la que la propia OSEF abona a sus prestadores.
Según la denuncia, las condiciones del convenio resultarían desfavorables para el organismo, ya que extienden los plazos de cobro, aplican intereses por debajo del costo financiero real y no contemplan garantías ante posibles incumplimientos.
Además, Soria advirtió sobre un posible conflicto de intereses, al señalar que Hruby no se habría apartado de la negociación pese a su dependencia funcional del Poder Ejecutivo, principal deudor en este caso.
En este contexto, se solicitó a la Fiscalía que investigue la legalidad del acuerdo, evalúe una eventual anulación y analice el impacto sobre los recursos de la obra social, que brinda cobertura a más de 55.000 afiliados.
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