El conflicto que atraviesan los jubilados policiales territoriales en Tierra del Fuego suma un nuevo capítulo de tensión, sin señales concretas de solución a casi un año de iniciado. En las últimas horas, el reclamo volvió a visibilizarse en Ushuaia, donde retirados se movilizaron en coincidencia con una reunión de la Comisión N°6 de la Legislatura provincial.
El sector denuncia la interrupción de haberes compensatorios, siendo una parte esencial de sus jubilaciones. Asimismo, advierte sobre un deterioro creciente en las condiciones de vida de más de 500 familias. “De un día para el otro dejaron de pagar”, cuestionó el suboficial mayor retirado Alfredo Gatti, uno de los voceros del reclamo.
El impacto ya no se limita al plano económico. Según relató, la crisis tiene consecuencias directas en la salud de los afectados. “Hay compañeros que abandonaron tratamientos oncológicos y ya hemos tenido fallecimientos en este tiempo”, señaló, reflejando la gravedad de la situación.
A pesar del desgaste, los jubilados sostienen las medidas de protesta y continúan trasladándose desde distintos puntos de la provincia para participar de las convocatorias. “Hacemos un esfuerzo enorme para viajar, organizarnos y cubrir los gastos. Eso no se ve”, expresó Gatti, en alusión al costo personal que implica mantener el reclamo activo.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la falta de diálogo con las autoridades. Denuncian que en instancias previas convocadas en la Legislatura no hubo presencia de representantes de la Caja previsional. “La falta de voluntad para resolver el problema ha sido evidente”, afirmó el referente.
En paralelo, crecen las dudas sobre la administración de los fondos del sistema. Desde el sector reclaman precisiones sobre el destino del presupuesto asignado el año pasado. “Queremos saber qué se hizo con esos recursos y por qué no se garantizan nuestros pagos”, planteó Gatti.
Las explicaciones oficiales, centradas en problemas de liquidez, no logran disipar las críticas. Los jubilados sostienen que nunca se declaró formalmente una emergencia económica, condición que sería necesaria para justificar una medida de este tipo. Además, cuestionan contradicciones en el discurso oficial: “Ante la sociedad dicen una cosa y en la Justicia sostienen otra”, aseguró.
El reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, que rechazó los amparos presentados, profundizó la incertidumbre. Para los afectados, la resolución limita las vías rápidas de reclamo y dilata cualquier posibilidad de solución. “Es un precedente preocupante”, advirtió Gatti.
Mientras evalúan nuevas acciones judiciales, donde se incluye una posible presentación ante la Corte Suprema, los jubilados continúan apostando a una salida política en el ámbito legislativo. Sin embargo, el conflicto ya dejó secuelas profundas. “Incluso si se normalizan los pagos, el daño ya está hecho”, concluyó el vocero.
Con once meses sin percibir la totalidad de sus haberes, la situación de los retirados policiales se consolida como uno de los conflictos sociales más delicados de la provincia, atravesado por la incertidumbre y sin una resolución clara en el horizonte inmediato.
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