El caso escaló en pocos días y ya salió del terreno de las redes para convertirse en un problema político más amplio para el Gobierno. Registros públicos de la Central de Deudores del Banco Central, procesados por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, expusieron que al menos 9 funcionarios y diputados vinculados a La Libertad Avanza accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación por montos de hasta $400 millones.
La controversia abrió varios frentes al mismo tiempo. El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes para revisar la operatoria, hubo una denuncia para que se investiguen posibles irregularidades y el caso además tuvo una derivación interna en el oficialismo con la salida de Leandro Massaccesi de Capital Humano, uno de los nombres que quedaron bajo foco por estos créditos.
Qué se sabe sobre los créditos del Banco Nación a funcionarios de Milei
Lo confirmado hasta ahora es que esos préstamos existen y que figuran en registros públicos del sistema financiero. Lo que sigue en discusión es si hubo o no condiciones especiales, excepciones o un trato distinto al que recibe cualquier otro cliente: eso es lo que busca determinar la oposición y lo que el Gobierno niega.
Los datos que detonaron la discusión no surgieron de una filtración cerrada, sino de información abierta. La Central de Deudores del Banco Central reúne el nivel de endeudamiento de las personas en el sistema financiero, y a partir de ese insumo la plataforma “¿Cuánto Deben?” identificó casos de funcionarios y legisladores oficialistas con préstamos del Nación. Según esa reconstrucción, los montos involucrados superan en conjunto los $2.500 millones.
Ese dato, por sí solo, no demuestra una irregularidad. El Banco Nación tiene líneas hipotecarias públicas y también una variante orientada al sector público y a quienes perciben haberes a través de la entidad. En su sitio oficial, el banco detalla que esa línea puede financiar hasta el 90% del valor de compra o tasación y que está destinada, entre otros perfiles, a personal del sector público nacional, provincial y municipal bajo condiciones preestablecidas.
Por eso la discusión se desplazó rápido del monto al modo en que se aprobaron esos créditos. El pedido de informes busca establecer si hubo condiciones preferenciales, excepciones a la normativa o evaluaciones más flexibles que las aplicadas a cualquier cliente común. Entre los casos que más repercusión generaron aparecen Federico Furiase y Leandro Massaccesi, este último ya fuera de Capital Humano, aunque ambos sostienen que accedieron a los préstamos dentro de las reglas vigentes.
Qué respondió el Gobierno y qué sigue bajo investigación
La respuesta oficial fue cerrada. El Banco Nación aseguró que el proceso para acceder a esos préstamos fue “homogéneo, sin excepciones”, mientras que Caputo afirmó este 5 de abril que las tasas, los plazos y los montos son los mismos para todos los clientes y que cada caso queda sujeto a ingresos y análisis crediticio. Según el ministro, la entidad ya otorgó más de 27.000 créditos hipotecarios y los expedientes cuestionados representarían menos del 0,2% del total.
Esa defensa, sin embargo, no cerró el tema. Los registros del Banco Central alcanzan para confirmar la existencia de deudas y sus montos, pero no permiten reconstruir por sí solos el expediente completo de cada operación. Para saber si hubo o no trato diferencial haría falta revisar documentación más fina: ingresos declarados, garantías, scoring, encuadre dentro de la línea elegida y circuito de aprobación. Ese es el tramo que la oposición busca abrir en el Congreso y, eventualmente, en la Justicia.
La discusión ya dejó una consecuencia concreta: el tema pasó a la agenda política nacional y empujó al Gobierno a salir a explicar cómo se otorgaron esos préstamos. El próximo punto de tensión será si el Congreso o la Justicia logran acceder a documentación que permita determinar si todos los expedientes fueron aprobados bajo las mismas condiciones que rigen para cualquier otro solicitante.
Comentarios