En un contexto de dificultades económicas para la provincia, la Legislatura fueguina aprobó un aumento salarial del 10% para su personal, en acuerdo con la Asociación de Personal Legislativo (APEL). La medida, que también alcanza a cargos políticos de todos los bloques, se resolvió durante la primera sesión ordinaria del año, realizada en marzo, aunque no fue difundida oficialmente ni publicada en los canales institucionales.
Según trascendió, la suba salarial no tendría cobertura presupuestaria para todo el año, ya que los fondos disponibles alcanzarían solo hasta octubre, en un escenario marcado por la caída de ingresos por coparticipación.
En paralelo, los legisladores avanzaron en la restitución de un beneficio que había sido eliminado a comienzos de 2026: el pago de compensaciones por traslado y estadía para agentes adscriptos. De este modo, se reestablecieron sumas mensuales diferenciadas según el cargo, con el argumento de garantizar el funcionamiento de los equipos que deben desplazarse entre distintas ciudades de la provincia.
La decisión generó cuestionamientos, ya que implica un aumento del gasto en medio de restricciones financieras y contrasta con la situación de otros sectores estatales que no han logrado acuerdos salariales similares. Además, la falta de publicación oficial de la resolución sumó críticas en torno a la transparencia del proceso.
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