La presentación de un nuevo proyecto para dejar sin efecto la norma que habilitó la reforma constitucional en Tierra del Fuego reabrió una discusión que nunca terminó de cerrarse. El proceso quedó atravesado por fallos judiciales, una queja ante la Corte Suprema y la ausencia, hasta ahora, de una convocatoria concreta para elegir convencionales constituyentes.
En ese contexto, la pregunta ya no es solo quién impulsa o rechaza la iniciativa, sino qué efecto real tendría una derogación de la Ley 1529. Ahí aparece el ángulo más útil para el lector: ordenar qué decía la ley, qué quedó en pie tras la disputa judicial y por qué el debate volvió a la Legislatura con una composición distinta a la de diciembre de 2023.
Reforma constitucional en Tierra del Fuego: qué cambia si derogan la Ley 1529
Si la Legislatura deroga la Ley 1529, el proceso quedaría sin la norma que declaró necesaria la reforma parcial de la Constitución provincial. En la práctica, cualquier intento de avanzar con ese cambio debería volver a debatirse desde el inicio en el ámbito legislativo, aun cuando sigan existiendo antecedentes judiciales y políticos sobre el proceso abierto en 2023.
En términos concretos, una derogación implicaría:
- que deje de regir la ley que declaró necesaria la modificación parcial del texto provincial;
- que no pueda convocarse a convencionales bajo ese esquema legal;
- que cualquier nueva iniciativa de cambio deba volver a tratarse y votarse en la Legislatura;
- que la discusión política siga abierta, pero desde un punto de partida distinto.
Qué establecía la Ley 1529 y por qué volvió al centro del debate
La Ley 1529 fue sancionada el 13 de diciembre de 2023 y promulgada el 29 de diciembre de ese año. Declaró necesaria la reforma parcial de la Constitución fueguina y habilitó cambios sobre 70 de sus 211 artículos. Además, dispuso que la Convención Constituyente tendría un número de miembros igual al de la Legislatura provincial y que debía ser elegida por el mismo sistema.
La norma también fijó un dato que después se volvió central en la pelea judicial: el Poder Ejecutivo debía convocar a la elección de convencionales dentro de un plazo de 210 días desde la promulgación. A eso sumó que la Convención debía sesionar en Ushuaia, iniciar su tarea dentro de los diez días posteriores a la proclamación de los electos y terminar su trabajo en 60 días hábiles, sin prórroga.
La ley dejaba establecidos estos puntos centrales:
- declaración de necesidad de reforma parcial;
- habilitación para modificar 70 artículos;
- elección de convencionales por el mismo sistema que la Legislatura;
- plazo de 210 días para cumplir la manda constitucional;
- creación de una partida presupuestaria especial para la Convención.
Por qué el pedido vuelve ahora a la Legislatura
El nuevo proyecto no aparece en un vacío. Radio Fueguina, así como Tiempo Fueguino y Diario del Fin del Mundo coinciden en que se trata de un nuevo intento de dejar sin efecto la ley que abrió el proceso y que el escenario político cambió respecto del momento en que la norma fue votada. El dato más repetido es que de quienes acompañaron aquella sanción, solo cuatro legisladores continúan hoy en sus bancas.
Ese punto no es menor. La ley fue aprobada por 10 votos contra 4 y, según la propia Legislatura, el debate incluyó temas como Malvinas, límites provinciales, salud, educación, coparticipación, régimen electoral, municipios, ambiente y modernización del Estado. Dos años y medio después, la correlación política es otra y el debate dejó de ser solo jurídico: también pasó a ser una pregunta sobre oportunidad, respaldo y prioridades.
Qué pasó en la Justicia y qué sigue abierto
El frente judicial tuvo varias etapas. En agosto de 2025, el Superior Tribunal de Justicia rechazó las acciones que cuestionaban la constitucionalidad de la Ley 1529 y del decreto de convocatoria, y validó la interpretación oficial sobre los plazos. En esa resolución, el tribunal sostuvo que el cómputo debía arrancar al día siguiente de la publicación oficial y que, aun con un criterio restrictivo, el decreto había sido firmado dentro del plazo.
Después vino otro movimiento clave: en octubre de 2025, el STJ rechazó el recurso federal presentado por Jorge Lechman, pero en noviembre ingresó a la Corte Suprema un recurso de queja para que el máximo tribunal revise el caso. Tiempo Fueguino señaló entonces que esa instancia preliminar no tenía plazos definidos y que el Ejecutivo seguía sin fijar fecha para la elección de convencionales. Ese cuadro general sigue siendo el que describen las notas más recientes sobre el nuevo intento de derogación.
Qué dudas concretas abre la derogación de la Ley 1529
¿Puede caerse el proceso si todavía no hubo elecciones?
Sí. Si la Legislatura deroga la norma que declaró necesaria la reforma, el proceso quedaría sin su base legal antes de llegar a una elección de convencionales. Eso es justamente lo que señalan las notas recientes cuando explican que, si prospera la iniciativa, cualquier intento de modificar la Constitución debería volver a plantearse desde cero.
¿La actual composición legislativa cambia el escenario?
Sí. La cámara que hoy debería discutir la derogación no es la misma que sancionó la ley en 2023. Ese cambio de composición aparece en la cobertura reciente como uno de los argumentos centrales para explicar por qué el debate volvió a abrirse y por qué el oficialismo ya no puede leer la situación con la misma lógica de hace dos años.
¿Qué pasa con la causa que llegó a la Corte Suprema?
La queja presentada ante la Corte no desaparece por sí sola. Pero, en términos prácticos, una eventual derogación modificaría el tablero político mientras el expediente sigue bajo análisis, porque la discusión sobre la continuidad del proceso volvería a estar en manos de la Legislatura y no solo de los tribunales. Esa lectura es una inferencia razonable a partir del estado actual de la causa y del rol que tiene la Ley 1529 como norma habilitante.
¿Qué temas estaban habilitados para cambiar?
La ley no abría una reforma total, sino parcial. Según el texto sancionado y la comunicación oficial de la Legislatura, la Convención podía revisar 70 artículos y tocar asuntos vinculados con Malvinas, límites provinciales, salud, educación, coparticipación, régimen electoral, municipios, ambiente, modernización del Estado y otros aspectos institucionales.
El debate vuelve a un punto anterior
La discusión sobre la reforma constitucional en Tierra del Fuego volvió a una pregunta básica: si existe todavía voluntad política para sostener el proceso abierto en 2023. Derogar la Ley 1529 no resolvería por sí sola todas las tensiones acumuladas, pero sí correría del centro la convocatoria pendiente y obligaría a reiniciar cualquier intento de cambio desde la Legislatura.
Con la elección de convencionales todavía sin fecha, una causa abierta en la Corte y una cámara distinta a la que votó la norma, el eje del debate dejó de ser solo si el Gobierno puede avanzar y pasó a ser si todavía tiene respaldo suficiente para hacerlo. Ese es, hoy, el dato más relevante detrás del nuevo proyecto.
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