La inauguración de la Carpa de la Dignidad de los Veteranos de Guerra de Malvinas volvió a consolidarse como uno de los escenarios simbólicos y políticos más importantes de Río Grande. Allí, el intendente Martín Perez no solo acompañó el inicio de la Semana de Malvinas, sino que desplegó un extenso posicionamiento que abarcó desde la soberanía hasta la crisis económica, pasando por la política internacional, la situación institucional de la provincia y el rumbo del país.
“Estar en esta carpa siempre es motivo de orgullo”, comenzó el jefe comunal, para luego remarcar que Río Grande “es la ciudad de la soberanía”, una definición que volvió a colocar a la ciudad en el centro del mapa político nacional en materia de Malvinas.
En rueda de prensa, Perez puso en valor el rol histórico de la Carpa de la Dignidad, a la que definió como un “faro malvinizador” que durante más de 30 años ha sostenido la memoria colectiva y el reclamo soberano. “Por acá han pasado generaciones enteras, emociones, encuentros, historias de lucha y de identidad”, expresó.
En ese marco, destacó que el Municipio avanza con la construcción de la carpa permanente, una obra de gran envergadura que se financia exclusivamente con recursos municipales. Según detalló, aún restan alrededor de $1.000 millones para su finalización, tras haberse ejecutado trabajos estructurales complejos como el corrimiento de un gasoducto, la consolidación de cimientos y el desarrollo de la infraestructura general.
El objetivo, aseguró, es que la obra esté terminada para el 20 de noviembre, Día de la Soberanía, y que permita brindar a los veteranos “un espacio más digno, más seguro y acorde a lo que representan”.
Malvinas, eje de identidad
Uno de los conceptos del discurso del intendente fue la definición de la causa Malvinas como “la última gran causa nacional de la Argentina”. En ese sentido, planteó que existe un consenso social amplio en torno a la defensa de la soberanía, y que Río Grande tiene un rol central en mantener viva esa conciencia.
“Acá malvinizamos permanentemente”, sostuvo, al tiempo que insistió en la necesidad de sostener una mirada estratégica sobre el posicionamiento internacional del país.
En un tono más político, volvió a manifestar su rechazo a la instalación del radar en la provincia. “No debería haber estado nunca. Tiene que ser desmantelado”, afirmó, marcando la postura que el Municipio sostiene desde el inicio del conflicto.
Asimismo, vinculó la cuestión Malvinas con el escenario geopolítico actual y cuestionó la política exterior del Gobierno nacional. “Se están perdiendo apoyos en materia de soberanía”, advirtió, al tiempo que criticó el alineamiento con potencias internacionales que, según indicó, no contribuyen a la causa argentina.
También alertó sobre el avance en la explotación de recursos naturales en las islas, lo que consideró una señal preocupante en términos estratégicos.
Dirigentes nacionales y construcción política
Consultado sobre la posible presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof en la vigilia del 2 de abril, Perez confirmó que, de concretarse, mantendrán un encuentro institucional.
Destacó la importancia de que dirigentes nacionales “vengan a Río Grande, vivan la vigilia y comprendan lo que significa Malvinas para esta ciudad”, en una clara apuesta a proyectar el posicionamiento local hacia el resto del país.
Otro tramo crítico de su intervención estuvo centrado en la situación económica: “Estamos viviendo una situación crítica y alarmante”.
Describió un escenario de caída abrupta de recursos nacionales, con impacto directo en la provincia y en los municipios, al tiempo que advirtió sobre sus consecuencias en la economía real. “Hay más de 10 mil despidos en el sector privado en Río Grande en los últimos dos años”, afirmó.
El intendente vinculó esta situación con la apertura de importaciones y con un modelo económico que, a su entender, perjudica a la industria fueguina. “Se está golpeando al empleo, al consumo, a todo el entramado productivo”, sostuvo.
Coparticipación y tensión financiera
A la crisis general se suma, según detalló, un atraso en la remisión de fondos provinciales que podría superar los $12 mil millones. Esta situación, explicó, complica el funcionamiento cotidiano del Municipio.
“Son recursos que les corresponden a los vecinos”, remarcó, y aseguró que se mantiene un diálogo con la provincia para intentar normalizar la situación.
Pese al contexto, Perez defendió el rumbo de su gestión, basado en el orden fiscal y la austeridad. Explicó que el Municipio decidió no trasladar el aumento de costos a los contribuyentes, absorbiendo el impacto del incremento de tarifas y gastos operativos.
Detalló que Río Grande sostiene 15 dispositivos de salud, el transporte público, servicios urbanos esenciales y 21 espacios deportivos activos, lo que implica un esfuerzo financiero significativo.
“Estamos sobreviviendo”, admitió, aunque destacó que se prioriza el pago de salarios y la continuidad de los servicios.
En cuanto a la posibilidad de endeudamiento, el intendente señaló que no es una herramienta que se esté considerando actualmente, pero dejó abierta la puerta a evaluarla si la situación se agrava.
No obstante, marcó un criterio definido: “El endeudamiento tiene que ser para generar desarrollo, no para cubrir gastos corrientes”.
RIGI vs. 19.640
Consultado sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, Perez expresó su escepticismo. “No veo la lluvia de inversiones”, afirmó, y consideró que el régimen no ha generado empleo ni impacto concreto en Tierra del Fuego.
En contraposición, defendió el sub régimen industrial fueguino, al que calificó como más amplio y beneficioso. Además, insistió en la necesidad de proteger la industria nacional frente a la apertura económica.
En paralelo, destacó la importancia de diversificar vínculos internacionales. En ese sentido, valoró la reciente visita del embajador de China y confirmó avances en una agenda de cooperación en sectores estratégicos como tecnología, industria y salud.
Incluso, adelantó que se analiza un hermanamiento con una ciudad china, como parte de una estrategia para generar nuevas oportunidades ante la falta de respaldo del Gobierno nacional.
Por último, y en el plano político institucional, Perez reiteró su rechazo a impulsar una reforma constitucional en el corto plazo. Consideró que sería un gasto innecesario en un contexto de crisis y propuso postergar el debate para después de 2028.
“No es momento de discutir esto cuando la gente la está pasando mal”, sintetizó finalmente.
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