En el marco de la discusión política sobre la posible derogación del llamado a la reforma constitucional en la provincia. En este sentido, el legislador Federico Sciurano resaltó que el proceso ya cuenta con un marco legal y judicial, lo cual vuelve difícil su interrupción mediante una nueva ley. En este sentido, sostuvo que el debate debe analizarse en el marco del proceso institucional ya iniciado, y no solo desde una mirada política coyuntural. Es por eso que Sciurano afirmó que «no es tan sencillo frenar hoy el llamado constituyente».
Sciurano explicó que el punto de partida del proceso es una ley vigente aprobada por la Legislatura, que además fue objeto de cuestionamientos judiciales. Según recordó, el caso llegó al Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, que intervino y estableció determinadas condiciones para su desarrollo.
“Hoy hay una ley vigente que fue incluso cuestionada judicialmente, y el Superior Tribunal tomó intervención y fijó condiciones”, indicó.
Para el legislador, ese antecedente marca que el proceso ya avanzó por distintos carriles institucionales, por lo que su eventual suspensión no sería automática. “Hay un proceso legal en marcha, hay un cronograma que está iniciado, más allá de que falte definir la fecha de elecciones”, señaló.
En esa línea, planteó dudas sobre la efectividad jurídica de una eventual derogación. “No sé si hoy legalmente se está en condiciones de truncar ese recorrido que ya está previsto”, consideró.
Sciurano agregó que la discusión actual tiene un trasfondo político evidente, aunque remarcó que también debe contemplar los límites legales del proceso. “Me parece que es mucho más complejo que simplemente aprobar una ley y pensar que eso automáticamente suspende todo”, opinó.
Finalmente, insistió en la necesidad de abordar el tema con cautela institucional. “Entiendo que hay un mensaje político detrás de estos proyectos, pero hay que ver si realmente tienen capacidad de modificar un proceso que ya pasó por otro poder del Estado, como es la Justicia”, expresó, y concluyó: “No es un tema sencillo y hay que analizarlo con profundidad, porque hay un proceso que ya está en marcha y que tiene respaldo legal”.
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