Esta semana las universidades públicas de Argentina viven un paro nacional iniciado este lunes y que se extiende hasta el viernes 20 de marzo, con proyecciones de nuevas medidas en las próximas semanas.
La medida busca presionar por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y por una urgente reapertura de paritarias que permita una recomposición salarial acorde con la inflación y los costos de la vida.
El presidente de la Asociación Gremial Docente de la UTN FAGDUT, el profesor Fabio Seleme, explicó en ((La 97)) Radio Fueguina las razones del plan de lucha y las demandas que atraviesan a docentes, estudiantes y a la comunidad universitaria en general.
“La situación de los docentes de las universidades es que el año pasado se aprobó una ley de financiamiento universitario que fue votada por las dos cámaras, vetada por el ejecutivo y luego ratificada por las dos cámaras”, expresó en el programa “Un gran día”.
El profesor agregó que “la ley no la cumplió el presidente como no cumplió tampoco la ley de financiamiento educativo, ni la ley de emergencia de discapacidad, ni la del Garrahan y ahora este año sigue incumpliendo esta ley y tiene la intención de mandar una ley para derogarla”.
Esta visión encaja con la lectura de que el presupuesto universitario permanece congelado desde 2023: “la escala salarial docente está congelada; el presupuesto universitario está congelado también desde el 2023. La ley era simplemente actualizar el presupuesto 2023 en línea con lo que había sido la inflación”.
Más allá de las cifras, la protesta subraya un deterioro paulatino en la prestación de servicios básicos en las universidades, que afecta a estudiantes y a la comunidad académica.
Sobre la experiencia diaria en las aulas y los centros de investigación, el docente señaló que “la situación es cada día peor; no hemos logrado nada a pesar de que tenemos esta ley, porque tenemos un presidente que se toma la libertad de incumplirla, lo cual es absolutamente ilegal”.
“No hace falta decirlo, pero acá es natural que el presidente incumpla la ley”, sostuvo. En ese marco, los gremios advierten sobre un horizonte de desinversión que compromete proyectos de investigación y programas de becas.
El paro no es exclusivo de docentes; la protesta se amplía a toda la comunidad universitaria, con un llamado a la solidaridad de estudiantes y personal no docente.
Según el diagnóstico de los sindicatos, servicios esenciales como los de las bibliotecas, acceso a revistas y conectividad en centros de investigación ya se ven impactados, y las becas estudiantiles siguen congeladas desde 2023.
“Hay servicios cortados ya en la universidad; casi todos los ámbitos que sostienen el día a día académico se ven afectados”, advirtió el profesor Seleme.
Los docentes sostienen que la educación pública no es un lujo, sino una garantía constitucional que debe sostenerse con inversión y políticas públicas estables.
El paro se presenta como parte de un plan más amplio que prevé movilización y la eventual realización de nuevas semanas completas de cese de actividades y acciones en diferentes ciudades.
Los sindicatos advierten que, si el Congreso no avanza con los cambios necesarios en el financiamiento, podrían intensificar las medidas para presionar por un marco normativo que asegure la continuidad y calidad del sistema universitario público.
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