En respuesta a lo que describió como una problemática «estructural, persistente y creciente», el legislador Matías Lapadula presentó el 9 de febrero un proyecto de ley para declarar la emergencia ambiental, productiva y sanitaria en Tierra del Fuego a causa de la proliferación de perros asilvestrados.
La iniciativa, que busca actualizar las herramientas legales existentes, propone un abordaje integral durante un plazo de cinco años ante los severos daños que estos caninos causan en el ámbito rural, la fauna nativa y la salud de la población.
El proyecto fundamenta su urgencia en el impacto directo sobre la producción ganadera, históricamente uno de los pilares de la provincia. Los ataques de perros asilvestrados, considerados una especie exótica invasora, generan mortandad de ovinos y corderos, abortos por estrés y el abandono de campos productivos, poniendo en riesgo al cordero fueguino como producto emblemático.
En paralelo, la falta de control sanitario favorece la circulación de enfermedades zoonóticas como la hidatidosis, que provoca graves consecuencias para la salud humana y pérdidas económicas en el sector.
Tras una reunión en el CADIC con especialistas, productores y funcionarios, Lapadula explicó los alcances de su propuesta. «He presentado este proyecto de ley, que es una declaración de emergencia productiva, ambiental y sanitaria por la problemática de los perros», afirmó en ((La 97)) Radio Fuegina.
Lapadula señaló que, aunque existe una normativa previa de 2018, «la situación se ha agravado muchísimo» y se requieren nuevas herramientas. El legislador destacó la necesidad de enriquecer el texto con el aporte de la comunidad científica y rural: «Yo espero que sea un disparador, va a estar sujeto a modificaciones porque necesitamos el aporte de la gente que sabe, del CADIC, del INTA, de la misma Sociedad Rural, que van a enriquecerlo y mejorarlo».
El proyecto contempla un plan integral de control y erradicación, la identificación obligatoria mediante microchip, la castración obligatoria de caninos -con excepciones reguladas por un permiso especial- y la creación de una Contribución Especial por Tenencia de Mascotas No Castradas. Este tributo, afectado específicamente, se distribuirá en un 50% a los municipios para fortalecer campañas de esterilización y otro 50% a programas provinciales.
Asimismo, se establece un régimen de sanciones que incluye multas, decomiso del animal e inhabilitación para la tenencia ante infracciones como el abandono o la circulación sin correa.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Producción y Ambiente.
Lapadula confirmó que el proyecto girará a las comisiones de Recursos Naturales, de Presupuesto de y Salud para su tratamiento. «Me parece que es una situación que amerita que trabajemos con inteligencia, porque es realmente un tema complejo y una urgencia que empecemos a tomar acciones», concluyó el legislador, subrayando que el objetivo es dotar al Estado de herramientas concretas para solucionar el flagelo que afecta tanto a la producción como al equilibrio ambiental de la provincia.
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