El subsecretario de Salud del Municipio de Río Grande, Agustín Pérez, advirtió sobre el creciente desfinanciamiento que atraviesa el sistema sanitario de Río Grande y apuntó tanto a los recortes de programas nacionales como a la falta de convenio con la obra social estatal provincial.
El funcionario explicó que el sistema municipal sostiene la atención universal a través de quince dispositivos de salud. Sin embargo, recalcó que «la falta de financiamiento y el ajuste en programas nacionales terminan impactando directamente en la salud de la población”.
Según detalló, cerca del 40% de los pacientes que se atienden en los centros de salud municipales no cuentan con obra social y acceden a prestaciones a través del Plan Sumar, que permite recuperar fondos mínimos desde Nación. El resto corresponde a afiliados de distintas coberturas, aunque la mayoría pertenece a la obra social provincial Obra Social del Estado Fueguino, con la cual el Municipio no tiene convenio vigente.
“El acuerdo existía previamente pero no fue renovado en 2019″. Venimos reclamando desde el inicio de la gestión de Martín, hemos tenido reuniones pero nunca se llegó a buen puerto”, sostuvo Pérez. Y remarcó el impacto que esto genera en el sistema público: “Esto no es un perjuicio para la gestión, es para los vecinos que aportaron toda su vida”.
Pese a ese escenario, el funcionario defendió la capacidad de respuesta del sistema municipal, que durante el último año registró cerca de 280 mil prestaciones a través de cuatro centros de salud, laboratorio propio, dispositivos de infancia, salud mental y el Centro de Abordaje Integral en Adicciones, que en su primer año realizó más de diez mil intervenciones.
Sin embargo, advirtió que los recortes en políticas sanitarias nacionales ya muestran consecuencias concretas. “Somos la segunda provincia con más casos de sífilis. Río Grande tiene más casos que Ushuaia y hablamos de una enfermedad prevenible y de fácil diagnóstico”, señaló. En ese sentido, vinculó el rebrote con la reducción de campañas de prevención y la falta de insumos. “Hace años que no vemos campañas masivas de prevención en medios. Eso tiene consecuencias”, sostuvo.
El subsecretario también alertó sobre el impacto social de la crisis económica en la salud mental de la población. Según explicó, se registra un aumento sostenido de consultas por ansiedad, insomnio y cuadros depresivos asociados a la pérdida de empleo. “Se perdieron casi diez mil puestos de trabajo, es una enormidad para una ciudad como Río Grande”, advirtió. Y agregó: “El trabajo no es solo ingreso, es proyecto de vida. Cuando eso se cae, se resiente todo el entramado emocional”.
Pérez defendió la articulación con el sector privado en un sistema sanitario cada vez más tecnologizado, aunque subrayó el rol central del Estado para garantizar el acceso universal a la atención.
Finalmente, aseguró que, pese a las dificultades financieras, el Municipio continuará sosteniendo las prestaciones. “No hemos cortado ningún servicio y no lo vamos a hacer”, afirmó. Sin embargo, dejó una advertencia sobre el escenario sanitario: “Las decisiones macroeconómicas repercuten directamente en el cuerpo de las personas. La salud no es una variable de ajuste”.
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