El concejal de Río Grande Jonatan Bogado afirmó que la reciente ordenanza que regula el servicio de transporte público de pasajeros por plataformas digitales en Río Grande busca poner freno a una situación de “esclavitud moderna” generada por la saturación del mercado y la desesperación de los trabajadores ante la pérdida de empleo.
“Es un tema bastante importante, más en el contexto en el que estamos. Esta regulación finalmente se sanciona en un contexto ampliamente complejo a nivel social y laboral para Río Grande. Ya hemos perdido más de 10.000 puestos de trabajo en la ciudad producto de políticas de desindustrialización”, señaló el edil en ((La 97)) Radio Fueguina.
El concejal, quien integra el bloque Provincia Grande, sostuvo que la necesidad de subsistencia llevó a una sobreoferta de conductores que derivó en una competencia ruinosa. “El trabajo más cercano, entre comillas, dentro de nuestro contexto particular de Río Grande, que tenemos un parque automotor muy grande, es salir a hacer transporte de personas. Una plaza de transporte de personas totalmente saturada, lo dicen las propias empresas, tanto Uber como Cabify y Didi, que están refiriendo que a nivel nacional existe un mercado de transporte totalmente saturado”, expresó.
Bogado advirtió que esta saturación provoca que “los precios del transporte se desplomen: “Esto significa que el transporte se está haciendo por debajo del costo operativo”. En ese contexto, describió viajes con tarifas irrisorias que evidencian la precarización. “Un viaje de $3.000, que si Uber se queda con el 45%, estamos hablando de $1.500 que le quedan al conductor por un viaje. Y hay que tener en cuenta el mantenimiento del vehículo, el pago de la nafta, etc. Entonces la necesidad de trabajar se transforma en una esclavitud realmente moderna”, afirmó.
Frente a ese panorama, justificó la intervención del Estado para establecer condiciones mínimas. “Un Estado que no mira y quiere desregular todo como si eso fuera la solución o un Estado que observa la situación e intenta generar una reglamentación que por lo menos intente traer un aire de certeza y equidad y que no existan peleas entre los propios vecinos que están hoy en una situación desesperante”, sostuvo. La normativa, explicó, fue trabajada durante seis meses con convocatorias a todos los sectores.
Bogado remarcó que la ordenanza deroga la prohibición previa y establece requisitos de seguridad para todos los actores, con el objetivo de proteger tanto a usuarios como a trabajadores. “No podemos tener 10.000 personas que se han quedado sin trabajo en Río Grande trabajando de Uber, como si eso fuese la solución a su problema. Decir eso es una mentira y decir lo contrario sería demagogia”, expresó, y concluyó: “Sinceramente creo que es inmoral que una persona tenga que trabajar 15, 16, 18 horas arriba de un volante y que durante el día junte $10.000, $12.000”.
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