La Legislatura provincial tomó una serie de decisiones que refuerzan su rol de control sobre el Poder Ejecutivo y limitan su margen de acción en áreas clave.
Entre las medidas más relevantes, se destaca el rechazo definitivo al proyecto que proponía crear una sociedad anónima para administrar el puerto. La iniciativa fue enviada a archivo tras su paso por comisión, descartando así la posibilidad de avanzar con un esquema similar al de otras empresas estatales.
En el plano institucional, se aprobó una modificación que amplía las facultades de interpelación: ya no solo podrán ser citados ministros, sino también secretarios y responsables de entes, con el objetivo de garantizar mayor acceso a información y respuestas por parte de funcionarios.
En materia financiera, el cuerpo legislativo autorizó al Ejecutivo a gestionar adelantos de coparticipación, pero fijó una condición: los costos deberán ser absorbidos por el propio Gobierno provincial, sin afectar los recursos que se distribuyen a los municipios.
Además, se concretaron cambios en la representación legislativa dentro de la empresa Terra Ignis, en el marco de su estructura compartida con el Ejecutivo.
Con este paquete de resoluciones, la Legislatura marcó una postura clara orientada a fortalecer los controles y poner límites a decisiones unilaterales del Gobierno.
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