La arquitecta Laura Montes, presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat, brindó un panorama detallado sobre la situación habitacional en Tierra del Fuego durante una entrevista en ((La 97)) Radio Fueguina.
En este contexto, la funcionaria explicó que actualmente se encuentran en proceso de finalización de 450 viviendas distribuidas entre las ciudades de Ushuaia y Río Grande. “Estamos pensando en entregarlas entre fines de este año y primer semestre del año que viene, una vez que ya culminemos con las obras de infraestructura que faltan. Las viviendas están a un buen avance, pero falta la infraestructura”, detalló Montes respecto a los plazos estimados para la finalización de los inmuebles ubicados en el sector del río Pipo en Ushuaia, y en Chacra 9 y el barrio CGT en Río Grande.
Al ser consultada sobre las causas del estancamiento en la resolución de la demanda, la presidenta del IPV señaló el impacto que tuvo la decisión del gobierno nacional en la materia. “Con la baja de todo el financiamiento nacional nos quedaron paradas 2.200 viviendas que probablemente se podrían haber ido entregado en estos años. Esto nos obliga a readaptarnos a esta nueva realidad macroeconómica, de poder generar lote con servicio, de poder urbanizar”, sostuvo, añadiendo que la demanda se ha acumulado de manera significativa.
En relación con la cantidad y el perfil de los inscriptos, refirió: “Hoy estamos en 6.000 personas más o menos anotadas a nivel provincial. Por mes se anotan 30 personas aproximadamente. Es muchísima la demanda, sobre todo de personas solteras. En algún momento eran familias, hoy por hoy es gente sola la que se anota”.
En cuanto a los criterios de asignación, Montes explicó que la antigüedad de inscripción sigue siendo la premisa fundamental, aunque ahora enfrentan el desafío de segmentar el padrón.
“Tenemos cupos, pro de la demanda general estamos entregando 2006. Nuestra tardanza en su momento para entregar era de 8 años. En esta última década se ha elevado esa cantidad de años”, reconoció.
Frente a este panorama, la funcionaria adelantó que trabajan en una modificación de la ley de creación del instituto para incorporar nuevas herramientas “para poder establecer público-privado, para poder hacer articulaciones con el banco. Todo lo que normalmente hacía el privado para poder hacerlo nosotros, porque tenemos bienes que por ahí podemos trabajar con público-privado, o sea, la tierra. Ante la falta de financiamiento nacional, creemos que podemos apoyarnos en un financiamiento privado”, aseguró.
Respecto a la situación de los adjudicatarios, la arquitecta precisó que las cuotas que abonan no superan los $400 mil, un monto sensiblemente inferior al de un alquiler en la provincia. Además, remarcó el perfil social del organismo al señalar que “el IPV no desaloja a sus adjudicatarios por falta de pago. El IPV desaloja cuando hay intrusión o compra indebida. Tenemos la posibilidad de hacer reducción de cuota e inclusive convenios sin canon de uso, depende de la vulnerabilidad” concluyó Laura Montes.
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