La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego impulsó una denuncia penal contra autoridades de la OSEF tras detectar movimientos de dinero que habrían alterado el destino de fondos creados por ley para tratamientos de alto costo.
La investigación se centra en una transferencia cercana a los 937 millones de pesos, que fueron retirados de un fondo específico —establecido por la Ley 1596— y derivados a la cuenta general de la obra social, utilizada para afrontar gastos corrientes. Según el análisis oficial, no hay constancias de que esos recursos hayan sido aplicados a la finalidad para la que fueron creados.
Desde el organismo de control remarcaron que este tipo de fondos tiene un uso restringido y no puede ser modificado por decisiones administrativas. En ese sentido, advirtieron que la maniobra habría afectado directamente la cobertura de prestaciones de alto costo, al desfinanciar el sistema previsto por la normativa.
El dictamen también pone el foco en la falta de precisiones sobre el destino concreto del dinero y en la ausencia de intervención de áreas clave, como la Contaduría General de la obra social, en la resolución que habilitó el traspaso.
A partir de estos elementos, la Fiscalía consideró que podría configurarse el delito de malversación de caudales públicos, sin descartar otras figuras vinculadas al ejercicio indebido de la función pública.
Con la denuncia ya radicada, el caso quedó en manos de la Justicia penal. Además, se dispuso informar de la situación a las autoridades provinciales y organismos de control, en un contexto donde también se advierten problemas estructurales en la gestión de la obra social.
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