El Banco Central de la República Argentina resolvió esta semana el cierre definitivo de 12 agencias regionales, entre ellas la de Río Grande, en un avance concreto hacia la promesa de campaña del presidente Javier Milei de eliminar la entidad.
La decisión del directorio que preside Santiago Bausili deja a la Patagonia prácticamente sin presencia operativa del organismo, ya que también se clausurarán las sedes de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos.
La medida, que afecta directamente a 32 trabajadores, fue justificada oficialmente por «los cambios registrados en la operatoria del efectivo, el crecimiento de la bancarización y la evolución de los medios de pago electrónicos», argumentos que, según la entidad, hacen «necesario adecuar la estructura operativa a las necesidades actuales». Las otras sucursales alcanzadas son Bahía Blanca, Formosa, La Rioja, Paraná, Posadas, Río Cuarto, Salta, San Juan y Santa Rosa.
Más allá de la explicación técnica, el cierre se inscribe en el horizonte trazado por Milei durante la campaña presidencial, cuando prometió eliminar el Banco Central, acusando al organismo de ser el responsable de la inflación por la vía monetaria. Hasta el momento no existe un esquema que detalle cómo se reemplazarán las funciones que esas dependencias cumplen en el territorio.
Las agencias regionales tienen misiones estratégicas vinculadas al manejo del efectivo y al funcionamiento cotidiano del sistema financiero. Entre sus tareas se incluyen la coordinación del movimiento de billetes y monedas, la custodia, la renovación del circulante, la atención de las necesidades de efectivo de las entidades financieras y la realización de veedurías.
Los trabajadores del Central remarcaron en un comunicado que «las Agencias Regionales no son estructuras accesorias ni prescindibles. Son parte de la infraestructura operativa del Banco Central en el territorio».
En el caso patagónico, sin nodos operativos en Comodoro, Gallegos y Río Grande, el abastecimiento de efectivo, el control y la coordinación deberán realizarse desde otras jurisdicciones, lo que plantea interrogantes sobre la eficiencia del sistema en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.
La distribución del efectivo en un país con grandes extensiones depende en buena medida de la existencia de puntos descentralizados, y su concentración podría implicar mayores distancias logísticas y cambios en los tiempos de provisión.
En respuesta, la Asociación Bancaria presentó una denuncia ante la Secretaría de Trabajo para exigir una reunión con las autoridades del BCRA. El gremio cuestionó que la decisión «atenta contra el federalismo y la integración nacional», aunque evitó por ahora dar precisiones sobre los pasos a seguir.
Los trabajadores afectados enfrentan la posibilidad de relocalizaciones compulsivas o la pérdida de sus puestos, una situación que el sindicato calificó como de «enorme incertidumbre».
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