Este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en la Argentina, un período oscuro que se extendió entre 1976 y 1983 y dejó un saldo de miles de víctimas, entre ellas más de 30.000 detenidos desaparecidos. Medio siglo después, el país vuelve a detenerse para recordar, reflexionar y renovar el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.
El golpe, encabezado por las Fuerzas Armadas, derrocó al gobierno constitucional de Isabel Perón e instauró una Junta Militar liderada en su inicio por Jorge Rafael Videla. Bajo el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, se desplegó un plan sistemático de represión ilegal: secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas marcaron la vida de toda una generación.
Durante esos años, funcionaron más de 600 centros clandestinos de detención en todo el país. Lugares como la ESMA se convirtieron en símbolos del terrorismo de Estado. Allí, miles de personas fueron privadas de su libertad en condiciones inhumanas, muchas de las cuales aún permanecen desaparecidas.
La dictadura no solo persiguió a militantes políticos, sindicales y sociales, sino también a estudiantes, docentes, artistas y cualquier persona considerada “subversiva”. En paralelo, implementó un modelo económico que profundizó la desigualdad social y endeudó al país, bajo la conducción del entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.
Con el retorno de la democracia en 1983, encabezado por Raúl Alfonsín, comenzó un proceso inédito en América Latina: el juzgamiento a las juntas militares responsables. El histórico Juicio a las Juntas sentó las bases para las políticas de derechos humanos que, con avances y retrocesos, continúan hasta hoy.
En este camino, organismos como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo han sido fundamentales en la búsqueda de justicia y en la recuperación de la identidad de nietos apropiados durante la dictadura.
Memoria en el fin del mundo
Aunque muchas veces la historia se centra en los grandes centros urbanos, Tierra del Fuego también fue escenario de la represión. En ciudades como Río Grande y Ushuaia, trabajadores, estudiantes y militantes fueron perseguidos, detenidos y desaparecidos.
Entre esas historias que aún duelen y reclaman justicia están las de Guillermo Vargas, Silvia González, Juan Carlos Mora, Florencia Rojas y Marcela Andrade, fueguinos que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Sus trayectorias, atravesadas por el compromiso social, político y laboral, quedaron truncas por la maquinaria represiva que operó en todo el país, incluso en los rincones más australes.
A medio siglo del golpe, sus nombres no solo integran la lista de desaparecidos, y de asesinados, sino que forman parte de la memoria colectiva de la provincia. Sus historias son reconstruidas por familiares, organismos de derechos humanos y la comunidad, en un ejercicio constante para evitar el olvido.
En el extremo sur del país, la memoria también se construye con actos, señalizaciones de sitios históricos y relatos que buscan mantener viva la historia. Porque recordar, en Tierra del Fuego como en toda la Argentina, es también una forma de exigir justicia.
A 50 años del golpe, la consigna sigue vigente: nunca más.
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