El Gobierno nacional solicitó este martes el retiro del proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil, apenas un día después de haberlo enviado al Congreso. La decisión se vincula a diferencias internas y con los bloques aliados en torno a uno de los puntos más sensibles de la iniciativa: la edad de imputabilidad.
Según trascendió, el dictamen girado al Parlamento fijaba la edad mínima de responsabilidad penal en 13 años, una modificación que no había sido consensuada con los partidos que acompañan al oficialismo. En las negociaciones previas, el acuerdo era establecerla en 14 años, tal como figuraba en el texto que había obtenido dictamen el año pasado.
El proyecto impulsaba la creación de un nuevo régimen penal juvenil y, en líneas generales, retomaba el esquema aprobado en comisión en mayo de 2025. Sin embargo, la versión enviada esta semana incorporaba un cambio relevante: la asignación de partidas presupuestarias específicas para garantizar la implementación de la norma. En concreto, se preveía destinar más de 20 mil millones de pesos a la Defensoría General y más de 3 mil millones al Ministerio de Justicia.
En la iniciativa anterior, el financiamiento quedaba sujeto a la decisión de la Jefatura de Gabinete, lo que había generado cuestionamientos sobre la viabilidad real de la reforma y el riesgo de que la ley no contara con recursos para su aplicación efectiva.
Más allá de los cambios presupuestarios, el núcleo del conflicto volvió a centrarse en la edad de imputabilidad. Mientras que el dictamen consensuado en 2025 establecía el límite en 14 años, el texto remitido al Congreso reducía ese umbral —en algunos pasajes— incluso por debajo de lo acordado, lo que terminó forzando al Gobierno a dar marcha atrás y retirar el proyecto para su revisión.
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