Tras la negativa del Juzgado Federal de Ushuaia a habilitar el receso judicial y su pedido de pronunciamiento, la Unidad Fiscal a cargo de la Dra. Candela Fernández Núñez emitió un dictamen en el que sostuvo de manera concluyente que ese tribunal no posee competencia para dirimir sobre la legalidad de la intervención nacional del puerto de Ushuaia, un conflicto que enfrenta a Tierra del Fuego con el gobierno nacional. En consecuencia, solicitó formalmente al juzgado que se declare incompetente.
El pronunciamiento fiscal no se limitó a la cuestión de fondo. También denegó, por idéntico motivo de incompetencia, la medida cautelar solicitada por la provincia, que buscaba anular la intervención federal.
La fiscalía fundamentó que acceder a tal pedido implicaría, en la práctica, avanzar sobre el mérito mismo del caso, lo cual no es procedente en esta etapa y sin la jurisdicción adecuada.
En su análisis, Fernández Núñez delineó el camino que, a su juicio, debe seguir el conflicto.
Argumentó que una disputa de esta naturaleza, donde una provincia se enfrenta a un organismo del Estado nacional, tiene su foro natural y exclusivo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como lo establece el ordenamiento jurídico.
Asimismo, la Unidad Fiscal hizo una observación adicional sobre la presentación provincial, señalando un posible vicio formal: la representación legal de Tierra del Fuego, indicó, corresponde ejercerla a la Fiscalía de Estado y no a la figura que interpuso la acción, lo que configura otro punto de cuestionamiento procesal.
El caso queda ahora a la espera de la decisión del juzgado federal sobre su propia competencia.
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