En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el abogado penalista Daniel Cesari Hernández analizó la iniciativa parlamentaria del oficialismo nacional, que ya recibió media sanción en Diputados y que aún debe ser tratada en el Senado, y la enmarcó como un cambio de paradigma en la legislación argentina en materia de seguridad.
El experto en Derecho Penal explicó que técnicamente se trata de una derogación de la ley 22.278, vigente desde hace más de cuatro décadas. “Es una ley bastante vieja, que regula al día de hoy, a esta hora la acción de cualquier menor frente al derecho penal”, señaló el letrado, aclarando que el proyecto aún no es ley efectiva. “Si hoy, dentro de dos minutos, o en este momento, algún menor está cometiendo un delito, va a estar regido por la ley que sigue estando vigente, hasta que no termine de completarse todo el caminito, que será que senadores lo apruebe total o parcialmente”, advirtió.
El especialista vinculó el avance del proyecto con la orientación política del actual gobierno, aunque evitó reducirlo a una cuestión partidaria. “Marca una tendencia coincidente con lo que la nueva administración nacional viene diciendo. Desde que asume el presidente Milei se viene buscando un fortalecimiento del sistema penal, un fortalecimiento de la actuación policial, un fortalecimiento de la actuación judicial frente a algo que es una situación innegable”, sostuvo.
En ese sentido, reflexionó sobre el uso de ciertos términos: “La palabra reprimir no es malo per se, de hecho el Código Penal y muchas leyes utilizan el verbo reprimir como sinónimo de sancionar, como sinónimo de respuesta del Estado frente a lo que la sociedad transgrede”.
Cesari Hernández también abordó la evolución social y cognitiva de los jóvenes como justificación de la reforma. Recordó que en su infancia el acceso a la información era limitado y la niñez se prolongaba más en el tiempo, mientras que en la actualidad los chicos están expuestos a estímulos globales desde muy temprano. “Hoy un chico de 10 años está conectado con sus amigos en todo el mundo, tiene acceso a un montón de cosas y el desarrollo de su mente va a un ritmo superior al que íbamos a nosotros. No sé si es un ritmo mejor o peor, pero que es superior es superior”, afirmó.
Consultado sobre la edad de imputabilidad, el abogado precisó que el régimen actual permite la intervención penal del Estado a partir de los 16 años, mientras que con el proyecto se baja a los 14. Confesó su preferencia por un umbral aún menor: “A mí me gusta más 13 que 14 sinceramente. Un chico de 13 años de hoy, no me puede decir nadie, salvo que tuviese alguna afección, que no sabe que si te corta el cuello con un cuchillo por lo menos te va a lastimar mucho, que si te clava un cuchillo te mata o si te dispara te mata”.
El letrado contextualizó la medida en el plano internacional para reforzar su postura. “En América, el único país que tiene la edad en 16 años es Cuba. En América somos Argentina y Cuba. Somos 25 países en América, o sea, hay 23 países que están equivocados y nosotros dos tenemos la razón… me parece que no”, ironizó. Mencionó que países como Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Brasil y la mayoría de las naciones europeas tienen edades de imputabilidad inferiores a los 16 años.
Finalmente, el Dr. Cesari Hernández detalló algunos de los cambios que introduce la norma en debate, como la posibilidad de aplicar prisión a los menores, con un máximo de 20 años, y la implementación de penas alternativas con un enfoque educativo: “Desde el primer momento se establece correctamente que no se busca castigar al menor sino que se lo busca educar para que vuelva a la sociedad como una persona mejor”, explicó. Como cierre, instó a la ciudadanía a confiar en las instituciones y evitar cualquier tipo de justicia por mano propia.
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