El Gobierno de Tierra del Fuego, a través de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), y los gremios del sector concretaron un pacto que asegura por un año los puestos de trabajo y los ingresos de todos los empleados, en medio del conflicto por la intervención nacional del puerto de Ushuaia.
El marco acordado busca brindar certidumbre económica a las familias y preservar la paz social en la terminal.
Tras una serie de reuniones y gestiones, las partes suscribieron un acta que establece el compromiso formal del gobierno provincial y de las autoridades portuarias para resguardar la situación de los trabajadores.
El secretario de la CGT provincial, Ramón Calderón, celebró el logro: «Uno de los puntos principales era garantizarle a los trabajadores su sueldo y hoy se ha logrado con el gobierno de la provincia garantizarlo durante un año. Es un paso grande para familias que estaban en incertidumbre».
No obstante, Calderón reiteró la posición sindical de rechazo a la medida nacional, calificándola como «una usurpación» y adelantando que se presentará una denuncia penal.
Por su parte, la vicegobernadora Mónica Urquiza explicó que el acuerdo tiene por objetivo llevar tranquilidad al personal que no ha podido ingresar a sus puestos de trabajo desde la intervención, garantizando sus salarios y la seguridad jurídica de sus empleos.
Aclaró que la protección incluye también a los cuatro trabajadores que rechazaron pasar a desempeñarse bajo la órbita de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
«Los salarios serán percibidos con los fondos que tiene hoy la Dirección Provincial de Puertos», detalló Urquiza.
También expresó el anhelo de que «esta ilegítima intervención termine lo antes posible» para que la DPP pueda normalizar sus funciones y la recaudación de recursos.
Cuestionó la auditoría realizada por la intervención y la viabilidad de operar el puerto con una dotación reducida de personal, destacando la normalidad con la que, según su relato, funciona la terminal cuando es operada por la ANPyN.
«Hay que analizar la historia y la situación actual para defender los derechos de la provincia», afirmó.
El acuerdo sienta así una base de protección inmediata mientras continúa el litigio político e institucional sobre el control de la estratégica infraestructura fueguina.
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