El Gobierno de España anunció que avanzará en la prohibición del acceso a redes sociales y plataformas digitales para menores de 16 años, como parte de un paquete de medidas orientadas a reforzar la soberanía digital y a proteger a niñas, niños y adolescentes de los riesgos del entorno online. La iniciativa fue presentada por el presidente Pedro Sánchez durante su participación en la Cumbre Mundial de Gobiernos, donde alertó sobre el impacto de las plataformas en la convivencia democrática y la seguridad digital.
El mandatario remarcó la necesidad de recuperar el control sobre los entornos virtuales y convertir las redes sociales en espacios más seguros. En ese sentido, sostuvo que estos espacios se han transformado en ámbitos donde “las leyes se ignoran y los delitos se toleran”, lo que, según planteó, exige una respuesta más firme por parte de los Estados.
Entre las medidas anunciadas, el Ejecutivo español impulsa la creación de un sistema de rastreo para detectar lo que definió como “huella de odio y polarización”, con el objetivo de avanzar contra la impunidad de los directivos de las plataformas digitales. Además, el Gobierno buscará tipificar como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales, y anticipó que trabajará junto a la Fiscalía en investigaciones vinculadas al funcionamiento de plataformas e inteligencias artificiales como Grok, TikTok e Instagram.
La iniciativa de España se enmarca en una estrategia de coordinación internacional. El país se incorporó a la denominada “Coalición de los Dispuestos Digitales”, junto a otros cinco Estados europeos, para promover regulaciones más estrictas y ágiles sobre las redes sociales. El objetivo es avanzar de manera conjunta en la aplicación de normas que garanticen mayor control, seguridad y protección de derechos en el entorno digital.
El debate sobre el acceso de menores a las plataformas digitales ya está avanzando en otros países europeos. En Francia, la Asamblea Nacional aprobó recientemente una ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 15 años y restringe el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas, con la intención de que entre en vigencia al inicio del próximo ciclo lectivo.
En paralelo, la Comisión Europea abrió una investigación contra la inteligencia artificial desarrollada por la empresa de Elon Musk por la presunta difusión de contenidos ilícitos en la Unión Europea, incluidos materiales manipulados de carácter sexual, algunos de ellos susceptibles de ser clasificados como abuso sexual infantil. Informes periodísticos también advirtieron sobre la rápida circulación de imágenes sexualizadas generadas por IA, lo que reforzó las preocupaciones sobre los riesgos que enfrentan los menores en las plataformas digitales.
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