El Poder Judicial de Tierra del Fuego dispuso un estricto plan de ajuste interno luego de sufrir una reducción cercana al 14% en los recursos previstos para el ejercicio 2026, como consecuencia de la reconducción del presupuesto provincial decidida por el Poder Ejecutivo.
La medida fue formalizada mediante una acordada del Superior Tribunal de Justicia, en la que se reconoce que la disminución de fondos afecta de manera directa la capacidad operativa, administrativa y de gestión del Poder Judicial, lo que obligó -aseveran- a adoptar acciones extraordinarias y transitorias de contención del gasto.
Entre las disposiciones más relevantes, se resolvió restringir la compra de bienes e insumos únicamente a aquellos considerados indispensables para garantizar la continuidad del servicio de justicia. También se limitó severamente el uso de la caja chica y se suspendió la adquisición de equipamiento informático, salvo casos excepcionales autorizados expresamente.
Asimismo, el plan de austeridad incluye la suspensión total del reconocimiento de viáticos en todos los niveles, el freno a nuevas designaciones de personal, la paralización del inicio de concursos, promociones y ascensos, y la revisión caso por caso de subrogancias e interinatos vigentes.
En materia de infraestructura, la ejecución de obras públicas quedó supeditada a la disponibilidad de fondos, manteniéndose únicamente la obra del muro de contención del edificio del Superior Tribunal de Justicia por razones de seguridad estructural. También se suspendió la celebración de nuevas locaciones de inmuebles y se ordenó optimizar el uso de los espacios físicos existentes.
El ajuste alcanza además al uso del parque automotor oficial, al consumo de energía, telefonía, impresiones y materiales de librería, instando a todas las dependencias judiciales a extremar las medidas de austeridad.
Cabe aclarar que el plan de ajuste no incluye los salarios de jueces ni funcionarios, que permanecen sin modificaciones. Las restricciones se concentran exclusivamente en gastos de funcionamiento, administración y recursos operativos del Poder Judicial.
Desde el Superior Tribunal se remarcó que las medidas no pueden interpretarse de manera tal que comprometan el acceso a la justicia, la independencia judicial ni el cumplimiento de mandatos constitucionales. En ese sentido, se estableció que el impacto del ajuste será evaluado periódicamente, con informes trimestrales y revisiones cada 90 días, en función de la evolución presupuestaria.
Qué medidas incluye el ajuste
- Suspensión de viáticos en todos los niveles
- Congelamiento de designaciones y concursos
- Freno a ascensos y promociones
- Restricción de compras e insumos
- Suspensión de nuevas locaciones de inmuebles
- Limitación del uso de vehículos oficiales
- Sin recorte en salarios de jueces y funcionarios
Comentarios